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Más de 6,500 muertos tras sismo en Turquía y Siria UIF reveló red de la trama corrupta de García Luna
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, informó sobre “la trama corrupta de Genaro García Luna”.
Explicó que se detectó que se establecieron diversos contratos con las mismas empresas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Indicó que, en la Policía Federal en el periodo de Felipe Calderón, Sonia Vargas Terrero, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares. Ella fue identificada como directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura.
“Todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos legales con lo relacionado a hacer investigación de mercado”, indicó.
Pablo Gómez presentó contratos realizados por cercanos a García Luna
Mencionó a Eugenio Ímaz Gispert, con un contrato por más de 253 millones de dólares; Eduardo Guerrero Durán, con contratos de 88 millones de dólares; a José Alberto Rodríguez con contratos de más de 26 millones de dólares.
Así como otros funcionarios como Raúl Mata Soria, María Dolores Rojas y Enrique Salinas con contratos por 26 millones de pesos.
Pablo Gómez dijo que hay un “gigantesco mecanismo de succión de dinero público” que ronda los 700 millones de dólares, por lo que el gobierno de México se ha presentado ante los Tribunales en Estados Unidos para que a través de un juicio civil sea restituido a México.
Explicó que el recurso fue admitido y se llevará a cabo en Florida, cuyo proceso se ha detenido por una apelación por parte de la defensa de los demandados.
De acuerdo con el titular de la UIF, el estado de Florida cuenta con competencia para la demanda por restitución de bienes, cuando se trata de dinero derivado de actividades ilícitas realizadas fuera del país, pero invertidas en ese estado.
Detalló que las personas mencionadas ya están sujetas a una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y advirtió que no se trata de delitos comunes, pues están “vinculados a una gran trama de corrupción” cuyo resultado es reclamado por México.
“Estas personas están por completamente involucrados porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos y autorizaron las erogaciones”, finalizó.