Cataluña: Reflejo de la Crisis Hídrica en el Mundo 
Humo de incendios en Canadá cubre Nueva York y causa alertas de calidad del aire en el noreste de EE. UU. 
Más de 6,500 muertos tras sismo en Turquía y Siria López Obrador emite un nuevo decreto para blindar el Tren Maya
CIUDAD DE MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido un nuevo decreto en respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que recientemente declaró inconstitucional un acuerdo que categorizaba los grandes proyectos del Gobierno como asuntos de seguridad nacional. En un giro rápido, el nuevo decreto se notificó esta misma tarde en el Diario Oficial de la Federación, protegiendo la información relativa al Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque como de seguridad nacional y de interés público.
El decreto de López Obrador detalla los motivos por los cuales estos proyectos son considerados de seguridad nacional: el Tren Maya, por ser la infraestructura más importante del Gobierno; los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, por su ubicación geográfica estratégica para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur; y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, debido a su papel de comunicar el océano Pacífico con el golfo de México y el Atlántico.
Este nuevo decreto es más específico que el anterior del 2021, que fue rechazado por la SCJN por su amplitud y ambigüedad, al incluir todos los proyectos relacionados con diversos sectores como aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiental, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos y aeropuertos.
La SCJN respaldó la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) contra el decreto de 2021, con ocho votos a favor y tres en contra. Sin embargo, el INAI, que actualmente se encuentra paralizado debido a la falta de nombramiento de tres comisionados, no puede impugnar el nuevo decreto.
La rápida respuesta de López Obrador a la decisión de la Suprema Corte subraya las tensiones crecientes entre el presidente y el poder judicial. Con la entrada de Norma Piña como presidenta de la SCJN, las fricciones con el Ejecutivo se han intensificado. Durante la última semana, el presidente ha criticado los privilegios de los ministros y ha propuesto que su nombramiento sea decidido a través de una consulta popular.