Ley Monzón en Colima

Por: Linda Illanes

El Congreso del Estado de Colima aprobó una iniciativa conocida como “Ley Monzón” la cual tiene como referente la aprobada en el estado de Puebla.

En Colima, esta iniciativa fue presentada por el Diputado Armando Reyna y su grupo parlamentario MORENA, y tiene por objeto la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes ante un escenario en el que se haya cometido el delito de feminicidio en contra de su madre por quien también ejerza la patria potestad sobre ellos, suspendiéndola en caso de existir un auto de vinculación a proceso y determinando su pérdida cuando se compruebe mediante sentencia, la comisión del delito.

La Ley Monzón tiene origen en el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, abogada y activista por los derechos de las mujeres. Este delito tuvo lugar en Cholula, Puebla, el 21 de mayo de 2022 mediante el uso de arma de fuego por dos sujetos que viajaban en moto, y del cual la Fiscalía General del Estado señaló a la expareja de la víctima y con quien tuvo un menor hijo, el expolítico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Javier López Zavala, como presunto autor intelectual del crimen, así como su sobrino, Jair ‘N’, el artífice de los disparos Silvestre ‘N’ y el exsecretario del político, Santiago ‘N’, de acuerdo con la información presentada por medios de comunicación como El País y BBC News.

Cecilia Monzón había denunciado a López Zavala por abandono del menor e impago de la pensión alimenticia, y un día antes de su feminicidio, publicó en redes sociales que el político ocultaba sus bienes para no pagar y que las autoridades no daban seguimiento a su caso por las influencias que López Zavala tenía en la Fiscalía. Las denuncias que había interpuesto la abogada fueron pieza clave para que las autoridades detuvieran a López Zavala el mes de junio de 2022.

El hijo de Cecilia Monzón está bajo la custodia de sus familiares, sin embargo, López Zavala aún tiene la patria potestad del menor.

Como muchas otras leyes que nacen de la violencia ejercida sobre una víctima y llevan su nombre, la Ley Monzón viene a proteger a niñas, niños y adolescentes de sus padres o personas que ejerzan la patria potestad, que son vinculadas a proceso por el delito de feminicidio cuando la víctima sea la madre, ya que la vinculación a proceso se da precisamente porque existen elementos que presumen su participación en la comisión del delito.

La iniciativa aprobada en el Congreso del Estado de Colima establece la *suspensión* de la patria potestad, que es diferente a la pérdida, justamente por la observancia y respeto del principio de presunción de inocencia que debe procurarse en cada proceso penal.

Además, la iniciativa aprobada en nuestro estado tiene algunas diferencias con la aprobada en Puebla, por ejemplo, nuestro Código Penal no contiene el delito de Tentativa de Feminicidio, (delito que ya se propuso mediante una iniciativa, pero aún no se aprueba), por lo que esa parte no se incluyó en la propuesta del Diputado Armando Reyna.

Otra diferencia es que, en Puebla se aprobó la pérdida de la patria potestad por Sentencia que confirme el delito de feminicidio, en nuestro Estado ese supuesto ya está contenido en la fracción VI del artículo 444 del Código Civil local, que señala la pérdida de la patria potestad por resolución judicial cuando quien la ejerza sea condenado por delitos graves.

Así mismo, el dictamen aprobado por el Congreso Local incluye la agravante del delito de feminicidio cuando se comenta contra mujeres adultas mayores, y cuando se ejecute frente a victimas indirectas.

Quiero aprovechar para compartir un extracto de la exposición de motivos de la iniciativa suscrita por la Bancada de MORENA:

“El feminicidio, es la forma más despreciable y cruel de violencia contra la mujer, aún más cuando se da en el contexto de una relación de pareja o parentesco, situación que se agrava cuando la víctima es madre”.

Así, coincido también totalmente cuando señala:

“La reflexión, el reconocimiento y el planteamiento de esta problemática requiere un profundo examen de conciencia que nos permita entender las consecuencias tan graves que genera y en ese sentido, tomar las medidas necesarias que contribuyan a erradicarla y a encontrar soluciones para las víctimas directas e indirectas”.

La oportuna presentación y aprobación de esta iniciativa es una forma de justicia social para las mujeres víctimas de violencia y sus familiares. Además, la niñez y las personas adultas mayores requieren que como comunidad les procuremos, porque todas y todos tenemos responsabilidad en la problemática social.