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EDITORIAL
Jueves 13 de Abril de 2023
El Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció recientemente la adquisición de 13 plantas eléctricas que pertenecían a la compañía española Iberdrola, por un costo cercano a los 6 mil millones de dólares. Esta acción ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, quienes la consideran una mala inversión en plantas eléctricas obsoletas, pero la realidad es otra.
De acuerdo con el presidente López Obrador, estas plantas eléctricas tienen una vida útil tres veces mayor que las existentes en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que representa un gran avance para la generación de energía eléctrica en el país. Además, este proceso de adquisición significa un paso importante en la nacionalización del sector energético, ya que para el próximo año se estima que el 65% de la generación de energía eléctrica será controlada por el Estado.
En contraste, durante la administración del expresidente Felipe Calderón, se prometió la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo, con una inversión inicial de 12 mil millones de pesos. Sin embargo, esta obra nunca se llevó a cabo y lo único que queda es un terreno rodeado por una barda perimetral, la cual costó más de 500 millones de pesos. Esta promesa incumplida es un claro ejemplo del desprecio que han mostrado los gobiernos anteriores por las necesidades del pueblo mexicano.
Además, durante el mandato de Calderón, las Fuerzas Armadas, Pemex y varios gobiernos estatales adquirieron el llamado “detector paramagnético” o “detector molecular” GT200, un dispositivo fraudulento que supuestamente detectaba explosivos y drogas a distancias increíbles y con una precisión inigualable. La empresa que lo fabricaba fue declarada culpable de fraude y su dueño condenado a varios años de prisión. Pese a las advertencias de expertos y del gobierno británico, se compraron estos detectores por hasta 36 mil dólares cada uno.
En este contexto, la inversión en las 13 plantas eléctricas representa una decisión acertada del Gobierno de México para asegurar el suministro de energía eléctrica en el país, al mismo tiempo que se fortalece la soberanía energética y se deja atrás el desvío de recursos y la corrupción de los gobiernos anteriores. Es importante destacar que esta medida es un paso hacia la construcción de un país más justo y equitativo para todos los mexicanos.