La Transformación del Sistema Penitenciario Estatal

“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por como trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por como trata a los que tienen poco o nada.” Nelson Mandela.

Hay muchas expectativas sobre el gobierno de la 4T, se espera que esa transformación se de en cada sector social, en cada espacio que fue marginado y relegado por los gobiernos que lo precedieron.

Entre esos espacios están los Centros Penitenciarios, donde las Personas Privadas de la Libertad vivían constantes violaciones a sus derechos humanos, desde la imposibilidad de acceder a la justicia, a una defensa adecuada o el debido proceso, hasta el descuido total de su salud, viviendo en condiciones indignas, sufriendo extorsiones, violencia y discriminación por parte de los custodios o las autoridades penitenciarias y de sus propios compañeros o compañeras, sumado al abandono de sus familiares o amistades, el estigma y el rechazo social, dejándolas sin posibilidad de una efectiva reinserción social, pues en su vida, nada cambiaba, no había nada en los Centros que fuera mejor y distinto a lo que vivían aquí afuera.

La entrada del nuevo gobierno generó cambios primarios que terminaron con los privilegios y la corrupción estructural que se tenía a nivel institucional, lo que ha provocado desafortunadas y lamentables reacciones, en un intento, precisamente de desprestigiar a los nuevos funcionarios, sin embargo, se demostró tener la capacidad y estar a la altura de esas circunstancias, se detectaron las problemáticas, se contuvo la violencia al interior de los Centros, y se ha mantenido el orden y el bienestar de las personas que los habitan.

Por otra parte, através de la página oficial de la Secretaría de Seguridad de Gobierno del Estado, se han informado diversas acciones afirmativas que ratifican y comprueban la voluntad política de hacer las cosas diferentes, pues se han llevado a cabo en los Centros de Reinserción Social actividades culturales, educativas, deportivas y laborales que contribuyen al crecimiento personal y reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad.

 Cabe señalar que, esta transformación del Sistema Penitenciario, no se ha limitado a la responsabilidad del Poder Ejecutivo Estatal, sino que las Diputadas, sobre todo, y los Diputados de Morena han trabajado iniciativas que buscan generar mejores condiciones, entre ellos, el tema más relevante es el de Amnistía, propuesto por la hoy, Diputada con Licencia y Delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno Federal, Viridiana Valencia Vargas, tema que fue aprobado por el Congreso del Estado, a través de la adición de la fracción XXXIII al artículo 34 de la Constitución Local, la cual faculta al Congreso del Estado para conceder Amnistía por los delitos cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción del Estado.

La Amnistía como figura que extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto a delitos establecidos en la Ley Reglamentaria, y que deja subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas, de acuerdo con la legislación aplicable (Art. 5, Ley de Amnistía, 2022), es también una forma de justicia social, pues brinda una oportunidad a las personas que entraron en conflicto con la ley penal bajo circunstancias muy específicas, generando un sistema de justicia mas humano, cuyo fin no es el castigo, sino el bienestar social.

De igual manera, se hicieron reformas y adiciones a diversas leyes y códigos, destinadas a salvaguardar derechos de las mujeres y personas gestantes, el ejemplo mas claro es la aprobación del derecho a decidir, a iniciativa de la Diputada Isamar Ramírez Rodríguez, y la hoy también, Diputada con Licencia y Delegada Regional de Programas para el Bienestar Ana Karen Hernández Aceves, así como la Delegada, Viridiana Valencia Vargas en su momento como legisladora, las tres, del Grupo Parlamentario Monera, a la que se sumaron sus compañeras y compañeros de bancada, y que incluyó garantizar este derecho a las personas gestantes privadas de la libertad a través de la Ley de Salud del Estado de Colima, y que, de acuerdo con información proporcionada por el Centro Femenil de Reinserción Social, una de las Personas Privadas de la Libertad ya hizo ejercicio de éste derecho.

Finalmente, para terminar con este recuento de algunos de los avances de la 4T en el Sistema Penitenciario Estatal, el pasado viernes 7 de octubre, la Delegada, Viridiana Valencia Vargas y la Diputada Presidenta de la Comisión de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, del H. Congreso del Estado, Sonia Hernández Cayetano, visitaron el Centro Femenil con el objetivo de revisar las instalaciones, entregar insumos de primera necesidad, y convivir con las Personas Privadas de la Libertad que se encuentran en ese Centro para conocer sus necesidades, y en base a eso seguir trabajando de forma coordinada con los distintos poderes de gobierno, la ruta para mejorar las condiciones en los Centros Penitenciarios y garantizar una efectiva reinserción social.

De esta visita, se concluyó que, dentro de las necesidades que se advierten por una parte, en el Sistema de Justicia Penal y, principalmente en el Penitenciario, el cual incluye la custodia de las personas que están en prisión preventiva y en consecuencia llevan su proceso privadas de la libertad, así como de quienes se encuentran ya compurgando la pena, es el acceso a la justicia, la mayoría de personas privadas de la libertad no tienen la posibilidad económica de contratar un abogado del sector privado, por lo que sus asuntos son turnados a abogados de la defensoría de oficio, quienes se ven evidentemente rebasados por la carga de trabajo, por lo tanto, no hay una defensa adecuada, ni un proceso expedito, tampoco una asesoría jurídica clara.

Así mismo, no se observa una intervención activa del Juez de Ejecución, es decir, una materialización o ejercicio efectivo de sus competencias establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, principalmente en lo que se refiere a garantizar a las Personas Privadas de la Libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que les reconoce la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y demás disposiciones legales.

Sin duda hay mucho por trabajar, pero cabe destacar la voluntad de la administración actual de transformar el Sistema Penitenciario -el cual estuvo abandonado y corrompido por mucho tiempo durante las administraciones precedentes-, siendo conscientes en primer término, como lo mencionó la Delegada Viridiana Valencia en su visita, que el conflicto con la ley penal se origina con la descomposición del tejido social, y en ese sentido, muchas de las personas que están privadas de la libertad, en algún momento de su vida sufrieron algún o algunos tipos violencia, y se encontraron además, con la falta de oportunidades que generan estos fenómenos sociales complejos, por lo que, el Centro de Reinserción Social, sin duda, debe convertirse en un espacio de crecimiento personal para quienes lo habitan, debe haber factores que contribuyan a esta reinserción efectiva, bajo el entendimiento claro de que la pena es la privación de la libertad, que implica, si, la suspensión de algunos derechos político-electorales, pero no de los derechos humanos básicos, los cuales deben ser promovidos, protegidos, respetados y garantizados por todas las autoridades, – en especial las penitenciarías – en el ámbito de sus competencias.