Cataluña: Reflejo de la Crisis Hídrica en el Mundo 
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Por Carlos Ponce de León
Columna: Flujo de ideas
Cuando una población tiene acceso a agua suficiente y con la calidad adecuada para llevar su día a día y desarrollarse preservando su ambiente y además puede hacer frente a eventos meteorológicos extremos de manera que su vida y su propiedad no sean perjudicadas se puede decir que tiene una gran seguridad hídrica.
En el caso de nuestro estado, la seguridad hídrica se ha presentado en un nivel bajo. Normalmente los temas relacionados con lluvias e inundaciones se tocan solo cuando estas están en nuestra casa, si se explora en Google Trends enfocado en Colima, palabras como inundación, huracán, lluvia o tormenta son mayormente buscadas en agosto, septiembre y octubre, los meses con mayores precipitaciones, fuera de eso tienen un bajo interés, en este aspecto somos como la cigarra de la fábula, nos relajamos todo el año hasta que el problema está sobre nosotros.
Además de la falta de interés, tenemos el problema de organismos operadores no muy eficientes, muchos problemas se relacionan con la falta de pago de los usuarios, entre el 30% y 70% de los usuarios no paga el servicio de agua a tiempo, esta falta de ingresos golpea la capacidad operativa de los organismos, el caso más claro y reciente es el de Armería y su constante conflicto con CFE.
Las poblaciones más vulnerables son las más expuestas a la falta de agua, son las más alejadas de los centros de población, con menores ingresos y las más complicadas de abastecer para organismos como CIAPACOV. Tienen agua cada tercer día, cada semana o algunas horas al día. Existen alternativas que podrían mitigar los problemas de abastecimiento de esas comunidades, usar celdas solares para cubrir la necesidad de electricidad para las bombas, construir áreas de captación de lluvia que puedan abastecer algunas necesidades, etc. Sin embargo, por si mismos, muchos organismos operadores no tienen la capacidad financiera para implementar innovaciones que permitan mejorar las condiciones de la población en general.
En cuanto al tratamiento de aguas existe una problemática a la que aportan tanto la población como los organismos operadores. Si uno recorre los cauces que cruzan Colima – Villa de Álvarez se podrá observar que muchos hogares descargan aguas grises sin ningún cuidado, si uno se acerca al paso de las vías del tren en el acceso a las Francisco Villa se podrá notar un olor a drenaje muy persistente, en Manzanillo desde agosto había un tiradero importante de aguas negras sobre el arroyo Santiago que no fue resuelto hasta hace unos días. En el mismo municipio a principios de este año el director de CAPDAM mencionaba que 40% de las aguas residuales en el puerto se vaciaban directamente a la Laguna del Valle de las Garzas.
En el ámbito de la legislación local, la Ley de Aguas no contempla la autodeterminación de los pueblos al no incluir la figura de Comités Comunitarios de Agua, quitándoles la oportunidad de gestionar su propia agua y acceder a recursos adicionales que les permitan tener un mejor servicio manejado por ellos mismos, quedando a merced de organismos operadores incapaces de proveerles el servicio con calidad.
Cada año Colima tiene fuertes afectaciones relacionadas con huracanes, tormentas intensas e inundaciones, este mismo año la tormenta tropical Hernan dejó 145 millones de pesos en daños en vías de comunicación, los municipios costeros fueron los principales afectados, fue muy visible lo que ocurrió en Miravalle 2, Manzanillo, donde una casa colapsó y otras resultaron inhabitables al llevarse el río el suelo bajo sus cimientos.
Para responder a estos problemas se utiliza a personal de Protección Civil (8 personas en el caso de Colima), quien cuando no está atendiendo emergencias hace las veces de mano de obra en tareas de mantenimiento de parques y jardines, o participa también en Bomberos y Cruz Roja. La situación de las Unidades Municipales de Protección Civil es en ocasiones precaria, la mayor parte de brigadistas son voluntarios, además del director son pocos los que reciben un sueldo por su trabajo y de esos son aún más pocos los que tienen una preparación en el área, el resto, empleados de base provenientes de otras áreas.
La relevancia que tiene la protección civil para la administración pública se observa en la asignación de presupuesto, este año se asignaron $1,150,000.00, de esos, $512,000.00 se va en sueldos y contratos, el resto se reparte en mantenimiento, gasto corriente y capacitaciones, con menos de $638,000.00 se deben atender las emergencias que se presenten en el municipio en todo el año.
En resumen, los organismos operadores no son capaces de proporcionar un suministro y saneamiento suficientes, las comunidades no tienen un reconocimiento legal para gestionar el recurso hídrico, las inundaciones son tema de conversación cuando tenemos el agua en los pies y Protección Civil tiene personal, equipo y recursos insuficientes para atender emergencias. Todos estos factores propician que exista una condición de baja seguridad hídrica, es un problema complejo, pero mientras no le demos la importancia que merece pronto estaremos a merced del cambio climático y de sus consecuencias.