Despojar al pueblo: la venta, privatización y opacidad de sus recursos en Colima

Por Livier Rodríguez

A veces es imperceptible y hay quienes se esfuerzan por mantenerlo así. El despojo puede tomar la forma de una propiedad menos del ayuntamiento, una porción de las participaciones federales  comprometida por los próximos 20 años, un bien o servicio concesionado a empresas que no siempre cumplen con lo que prometen y que tienden a hacer menos accesible e incluso más caro lo que antes era de los ciudadanos y lo que es una obligación de estados y ayuntamientos.

 La descripción anterior puede parecer muy genérica, ya que dichas prácticas han sido el lastre de México durante muchos años, o muy específica, ya que todo lo anterior ha sucedido en Colima y con ello, se ha puesto en riesgo la calidad de vida de los colimenses, su patrimonio, las finanzas de los próximos gobiernos a un muy largo plazo y sobre todo, se les ha despojado de lo que es suyo: sus recursos, sus espacios, las obras que ellos mismos pagan para contribuir al bienestar común.

Desde administraciones pasadas, el municipio de Villa de Álvarez había padecido la venta del patrimonio de sus ciudadanos, sin que el recurso que se obtiene de estos sea tangible en beneficios para ellos. Esta práctica incluso fue reprochada por el ahora alcalde, Felipe Cruz, cuando era candidato y en 2018 pidió a la administración de la panista, Yuleny Cortés, “no vender bienes del pueblo”.

Sin embargo, apenas hace una semana, el mismo Felipe Cruz acaba de vender un bien del pueblo en el fraccionamiento Real de Caná y también pretende modificar su Ley de Ingreso para que sus excedentes en lugar de ser usados para pagar la deuda o para hacer obra pública, se destinen a “gasto corriente”. 

Es decir, una vez más, los villalvarenses no veremos beneficios.

Y es que otro punto que se ha mantenido en la discrecionalidad ha sido el estado de lo que el Ayuntamiento recibe de participaciones y que ha tenido excedentes en su recaudación. 

Se ha mantenido así porque el principal argumento del acalde para todos estos movimientos es que se necesita más dinero, pero este incluso ha tenido ahorros de hasta 93 millones de pesos tan solo en lo que registra la cuenta pública hasta septiembre de este año.

Es verdad, como lo dijo Felipe Cruz en reunión con diputados locales este lunes, Villa de Álvarez venía cargando en sus arcas el mal manejo de otras administraciones. Sin embargo, no se hicieron las denuncias pertinentes y por lo  visto tampoco la planeación adecuada.

Incluso, cuando subí a tribuna la propuesta de hacer auditorías extraordinarias para conocer el verdadero estado financiero de la comuna y fincar responsabilidades a quien hubiera hecho mal manejo del erario, la mayoría anti-morenista votó en contra, incluyendo, por supuesto, a Remedios Olivera,  diputada emanada del mismo partido que el alcalde.

Por lo que espero que el edil, acepte la invitación y sume la voluntad del coordinador de la bancada de Morena, Vladimir Para, para interponer las denuncias necesarias ante la Fiscalía Anticorrupción, por las observaciones que tiene respecto a trienios pasados.

Todo esto, desgraciadamente, está lejos de ser  un caso aislado, ya que con argumentos similares, en complicidad con parte del Congreso y con la opacidad que le ha caracterizado, el gobierno de Ignacio Peralta obtuvo la aprobación para contratar un crédito por más de 700 millones de pesos, que compromete las participaciones federales por dos décadas, con ello, el bienestar financiero y la estabilidad del estado por los próximos 20 años.

El gobernador tampoco hizo pública la información sobre a dónde se han ido los incrementos de participaciones federales que ha tenido y el uso de algunos rubros cómo la deuda a corto plazo.

Y por si esto no bastara, ahora pretende endeudar nuevamente al estado con un libramiento que otra vez compromete las participaciones federales de la entidad, que ya había sido rechazado anteriormente por mi compañera Claudia Aguirre cuando presidía la comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas del Congreso por no resolver las necesidades del transporte público y por pretender usar recurso de los colimenses para garantizar a los empresarios su inversión, en caso de que este no sea rentable.

Cabe resaltar que la premura con la que, por ejemplo, hizo aprobar su deuda, incluso valiéndose de la fuerza pública para reprimir a los diputados que estamos en contra y la cercanía de su salida de la administración causan sospechosismo.

Sobre todo en un gobierno cuyo manejo se encuentra manchado ya por observaciones del órgano auditor local y el federal y cuyas acciones tienen de trasfondo una agenda golpista, que sirve a intereses de un grupúsculo en búsqueda de mantener sus privilegios y escapar de la justicia que poco a poco ha ido alcanzando a los ex funcionarios que dañaron de alguna manera al pueblo.

Afortunadamente somos varios los diputados que nos oponemos a este despojo del pueblo. Aunque esta lucha, no se puede ganar sin el músculo ciudadano  que reclame lo suyo y deje sentir a sus representantes que el juicio social y la justicia penden sobre sus cabezas como espada de Damocles. 

Los villalvarenses y los ciudadanos de todo el estado cuentan conmigo para la defensa de su bienestar, de su patrimonio, de sus recursos y su futuro. ¡No les voy a fallar!