La CDHEC en 2026: balance a las puertas del informe

Isamar Ramírez

En Colima, los derechos humanos suelen invocarse con la solemnidad de los grandes principios y, al mismo tiempo, padecerse en lo cotidiano con la crudeza de los trámites interminables: la víctima que vuelve una y otra vez, la carpeta que no avanza, la explicación que nunca llega. Por eso, cuando se aproxima el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el momento invita, más que al aplauso automático o a la descalificación fácil, a un ejercicio de ponderación: mirar lo hecho, reconocer lo útil y señalar, con mesura, lo perfectible.

Desde esa perspectiva, 2025 fue para la CDHEC un año de consolidación de rumbo. La presidencia de José Manuel Vega Zúñiga, iniciada formalmente a finales de 2024, se dejó ver ya no solo en una declaración de intenciones, sino en una dinámica institucional que buscó ser más cercana, más clara y, sobre todo, más operativa. No se trata de idealizar a ninguna institución, menos aún a una que debe conservar autonomía y temple, pero sí de advertir que hubo señales consistentes de trabajo: atención directa a la ciudadanía, construcción de alianzas y, hacia el cierre del año, un conjunto de recomendaciones que aporta materia concreta para evaluar.

El dato más elocuente de una Comisión, al final, no es su presencia en el discurso público, sino su capacidad de convertirse en puerta de entrada para quien necesita orientación y acompañamiento. En 2025, 899 personas fueron atendidas por la CDHEC, ya fuera para recibir asesoría o para presentar quejas por presuntas violaciones. Esa cifra no es un adorno estadístico: describe, con sobriedad, la dimensión de una demanda social persistente y la necesidad de que exista una institución que reciba, encauce y no deje a la gente a la intemperie institucional.

En paralelo, el año dejó un número que, por sí mismo, obliga a detenerse: 18 recomendaciones emitidas en 2025, una cifra que, comparada con años previos, resulta significativa. Puede discutirse el ritmo con el que fueron apareciendo públicamente, pero lo sustantivo es que ahí está el resultado: investigaciones concluidas y pronunciamientos formales ante violaciones acreditadas. En el sistema no jurisdiccional, la recomendación es, a un tiempo, brújula y presión: no impone por la vía de la coerción, pero sí orienta la reparación, exige corrección y coloca a la autoridad frente a un espejo institucional. En ese sentido, llegar al informe con un paquete robusto de recomendaciones ofrece un terreno fértil para el seguimiento: qué se aceptó, qué se cumplió, en qué plazos, con qué medidas de reparación y qué garantías reales de no repetición se adoptaron.

Al revisar los temas atendidos, se aprecia una línea relativamente clara: justicia y seguridad concentran buena parte de las preocupaciones, como cabría esperar en un estado donde la relación entre ciudadanía e instituciones suele tensarse justo ahí, en el momento en que se busca protección, acceso a la justicia o trato digno. Hubo recomendaciones dirigidas a instancias clave del ámbito de procuración de justicia; también a autoridades municipales vinculadas con tareas de seguridad pública. Más que leerlo como un catálogo de señalamientos, conviene entenderlo como un mapa de prioridades: ahí donde se acumulan los casos, ahí donde se reiteran las omisiones, ahí donde se requieren ajustes estructurales y capacitación constante.

No menos relevante es la atención a sectores que, por historia y por realidad, requieren tutela reforzada: mujeres, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. Que estas temáticas aparezcan de manera visible en las recomendaciones no solo habla de una perspectiva más incluyente, sino de una comprensión práctica: la igualdad formal, sin acciones específicas, suele quedarse corta. Y, en materia de derechos humanos, quedarse corto equivale a dejar a alguien atrás.

Ahora bien, si algo parece haber buscado la CDHEC en 2025 es no agotarse en el expediente y el escritorio. La vinculación con instituciones educativas, particularmente con la Universidad de Colima, abrió un frente importante: capacitación, educación continua, servicio social, prácticas profesionales y un componente que puede transformar silenciosamente la operación cotidiana: la digitalización de expedientes. Modernizar procesos no es un lujo; es una forma concreta de acortar tiempos, reducir opacidad y hacer más accesible el seguimiento de casos. Si la promesa de “desburocratizar” pretende sostenerse en el tiempo, estos pasos (discretos, técnicos, pero decisivos) son los que la vuelven creíble.

También es pertinente reconocer un rasgo comunicativo que suele subestimarse: la voluntad de hablar de derechos humanos sin convertirlos en jerga inaccesible. Cuando el lenguaje se vuelve un cerco, la institución se vuelve distante; cuando se explica con claridad, sin perder rigor, se construye confianza, y la confianza, en estos temas, no se decreta: se gana.

Por supuesto, un balance responsable, de cara al informe, no se agota en las luces. Hay desafíos naturales para 2026 que el propio informe permitirá dimensionar: mejorar la oportunidad en la resolución de quejas, fortalecer el seguimiento a las recomendaciones para evitar que el cumplimiento se convierta en trámite, y profundizar la cercanía territorial con quienes, por miedo o por desconfianza, no denuncian. Pero el punto de partida no es menor: hay trabajo acumulado y hay una orientación que, sin estridencias, parece apostar por una Comisión más útil para la vida real.

A las puertas del informe, mi lectura es que 2025 dejó bases que vale la pena sostener. No para caer en elogios fáciles, sino para entender que la defensa de los derechos humanos, cuando se hace con seriedad, se construye a base de constancia, de profesionalización y de acuerdos que vuelven más eficaz a la institución. El informe próximo será, entonces, la oportunidad de convertir este balance en conversación pública: con datos, con seguimiento y con una pregunta central que no deberíamos soltar: ¿qué tanto se está logrando que la dignidad de las personas pese más que la inercia burocrática?

Si la CDHEC consigue responderla con hechos, y si las autoridades señaladas responden con cumplimiento, Colima habrá ganado algo más que un documento anual: habrá ganado un tramo de credibilidad institucional.