El «nado sincronizado» mediático, de Cárdenas a Sheinbaum – La misma oligarquía, los mismos golpes bajos

Desde una perspectiva de izquierda, que siempre ha visto en los medios concentrados no un cuarto poder, sino un arma de clase para perpetuar desigualdades y bloquear transformaciones sociales, el paralelismo entre la embestida contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1999 y la actual ofensiva contra Claudia Sheinbaum es tan evidente como demoledor. No es casualidad: es el guion repetido de una élite económica que, al sentirse amenazada por gobiernos populares, desata una guerra de percepciones para erosionar la legitimidad democrática. En ambos casos, Ricardo Salinas Pliego emerge como el titiritero principal, usando TV Azteca –y hoy también sus redes sociales– como ariete para fabricar narrativas de caos y fracaso, mientras evade responsabilidades fiscales y protege su fortuna. Esta no es «libertad de expresión», sino lawfare informativo al servicio del capital concentrado, que busca desmovilizar a las mayorías y restaurar un orden neoliberal donde los ricos mandan sin contrapesos.

Recordemos el pasado no como nostalgia, sino como advertencia. En 1999, el asesinato de Paco Stanley –un crimen ligado al narco y al bajo mundo del espectáculo, no a la «falta de autoridad» de Cárdenas– fue el detonante perfecto para el «nado sincronizado». TV Azteca, bajo Salinas, convirtió un homicidio en un circo de 12 horas de llantos y acusaciones directas: «¡La responsabilidad es de Cárdenas!», gritaban conductores como Garralda, mientras Salinas grababa un manifiesto de 10 minutos exigiendo «¿Para qué pagamos impuestos si no hay autoridad?». Era una operación quirúrgica: amplificar la inseguridad urbana (heredada de décadas priistas) para pintar al primer gobierno de izquierda en la capital como un experimento fallido. Ignoraron que el DF ya era un polvorín de violencia antes de Cárdenas, y el objetivo era claro: deslegitimar la alternancia democrática naciente, en vísperas electorales, y blindar los privilegios de la élite. Funcionó a medias –Cárdenas no renunció, pero su imagen se desgastó–, y reveló cómo los medios privados, concesionados por el Estado, actúan como extensiones de intereses oligárquicos contra cualquier atisbo de soberanía popular.

Avancemos al presente, y el déjà vu es escalofriante. Hoy, en noviembre de 2025, Sheinbaum enfrenta una andanada similar, pero actualizada a la era digital: no un asesinato sensacionalista, sino una «marcha de la Generación Z» el 15 de noviembre, orquestada con más de 90 millones de pesos en publicidad inorgánica y financiada por sombras como Salinas Pliego. Esta movilización, que se vendió como un clamor juvenil contra la «represión» y el «autoritarismo» de la 4T, fue desmontada como una farsa: infiltrada por «caras conocidas de la marea rosa» (la oposición conservadora) y amplificada por TV Azteca como un «golpe de Estado» en potencia. Salinas, desde su cuenta de X, escaló el pleito acusando al gobierno de «brutal represión» en la marcha –donde no hubo tal, solo detenciones por vandalismo–, de ser «cómplice del crimen organizado» y de un «régimen sordo, ciego e intolerante». Es el mismo eje de la violencia de 1999, pero reciclado: ahora, en lugar de inseguridad callejera, se fabrica pánico por «desapariciones» y «extorsiones» que, curiosamente, no se cuestionan en feudos opositores como Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano. Y mientras, TV Azteca dedica segmentos enteros a «desenmascarar» la misoginia de Sheinbaum o a inflar «reportajes incómodos», como el supuesto «ataque a la libertad de prensa» por inspecciones laborales rutinarias a sus oficinas –inspecciones que, irónicamente, responden a denuncias de precarización laboral en el grupo.

El contraste ilumina la evolución perversa de estas tácticas. En tiempos de Cárdenas, el «nado» era analógico y unidireccional: TV Azteca monopolizaba el aire para histerizar a la opinión pública, con el PRI en Los Pinos como cómplice silencioso. Hoy, con Sheinbaum, es híbrido y viral: Salinas no solo usa su concesión televisiva para «hablar de la realidad que incomoda a Palacio», sino que inunda X con desinformación –como las «10 mentiras» sobre francotiradores en Palacio Nacional durante la marcha–, financiando campañas que suman 90 mdp en ads y reclutando influencers para erosionar la aprobación presidencial (que, pese a todo, ronda el 60%). El detonante actual no es un crimen, sino los impuestos: Salinas debe 74 mil millones al SAT, y la SCJN ratificó en noviembre de 2025 su derrota en amparos, desestimando recursos de Elektra y TV Azteca. Sheinbaum lo clavó: «Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas». Es justicia fiscal básica, pero para Salinas, es «acoso político» y «terrorismo fiscal» –narrativa que TV Azteca repite en loop para victimizarse, mientras evade deudas en México y EE.UU.

Aquí radica la crítica de fondo, desde la izquierda: Salinas Pliego no es un «empresario libre» criticando corrupción; es un oligarca que usa los medios como escudo para deteriorar la percepción social y blindar su evasión. En 1999, TV Azteca fue el megáfono de la derecha priista para bloquear la izquierda cardenista, que osaba cuestionar la corrupción heredada. Hoy, es el ariete contra la 4T, que osa gravar fortunas, universalizar becas y becas a jóvenes –precisamente lo que Salinas critica mientras emplea a miles en Jóvenes Construyendo el Futuro, pero solo para lavarse la imagen. Esta doble moral revela el clasismo subyacente: ataca a Sheinbaum por «misoginia» o «autoritarismo», pero calla sobre sus propios espionajes ilegales en juicios londinenses o su alianza con la «marea rosa» para un «golpe blando». Es una guerra contra la democracia participativa: fabricar descontento artificial (como la «Generación Z» falsa) para deslegitimar logros como la reducción de pobreza o la paz relativa, y restaurar un México donde el 1% –Salinas incluido– dicte políticas vía concesiones mediáticas.

Pero hay esperanza en el contraste: si en 1999 la izquierda era incipiente y vulnerable, hoy la 4T tiene un bastión popular que resiste el bombardeo. Sheinbaum no titubea: denuncia el «golpe» en gestación y prioriza becas sobre represión. La lección es clara: democratizar los medios, revocar concesiones a evasores y gravar al gran capital no es venganza, sino soberanía.