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Por: Vladimir Parra
Columna: Estación Esperanza
“Queremos frenar cobros abusivos y […] un daño para el patrimonio de las y los colimenses”
-Indira Vizcaíno
El miércoles pasado, tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestra Gobernadora Indira Vizcaíno en los “Diálogos por la transformación” donde compartimos que el Gobierno del Estado, a través de su Consejería Jurídica, y CIAPACOV, tomaron la determinación de iniciar acciones en torno al Contrato de Prestación de Servicios (CPS) de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR) de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, por resultar desventajoso.
En ese sentido este tema resulta de relevancia para las y los colimenses, pues aborda el tema del erario público. Tan solo en 2022, el pago de la PTAR significó un 25.6% del presupuesto de CIAPACOV, es decir una cuarta parte de los ingresos totales que tiene el organismo operador, dinero que paga la gente
Fue durante la administración de Silverio Cavazos que se inició la construcción de la PTAR a través de un CPS asignado a TICSA S.A. de C.V. a través de un procedimiento de invitación restringida, proceso plagado de irregularidades pues fueron violados los artículos 28 y 115 de la Constitución, ya que la Ley dicta que los servicios públicos deben consecionarse. Así mismo, consideramos que el esquema de pago que maneja el contrato es impagable y solo favorece a la empresa; que no existen estudios técnicos que respalden que es suficiente la capacidad de tratamiento a la vigencia del contrato; que el pago de intereses del capital de riesgo es muy elevado y que no ha habido acciones por parte de administraciones anteriores, en especial ante los 6 convenios modificatorios del Contrato que practicamente han sido en detrimento del estado.
Por otro lado, la empresa notificó en marzo a CIAPACOV, sobre un aumentó elevado en la tarifa correspondiente a la construcción de la PTAR que se tomó de forma unilateral y que obligaría a cubrir el monto correspondiente a 223 meses, en tan solo 42. Es por ello, que se procederá a presentar dos demandas ante el Tribunal de Justicia Admnistrativa y una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Estas acciones solo han sido posibles gracias al compromiso de Indira con el pueblo de Colima, que bajo los ideales de la 4T busca cuidar el presupuesto de la gente, ejercer responsablemente los recursos y evitar que los intereses privados estén por encima de los públicos. Reconocemos su valentía y trabajo diario para evitar que se sigan haciendo negocios al amparo del poder público, como sucedió durante el periodo neoliberal.