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Algo innegable en nuestro país, es que el Poder Judicial es uno de los poderes más corruptos que tenemos. Una de las características de la política mexicana contemporánea (y gracias a la 4T) es la socialización de los asuntos públicos en la ciudadanía, prueba de ello, es el debate que vemos todos los días en las redes sociales y en las calles, sobre los temas más polémicos y de intereses común, en donde las familias mexicanas por primera vez en mucho tiempo, toman el papel protagónico de los asuntos públicos y permiten por medio de su enorme interacción, hacer valer su opinión como no habíamos visto antes.
La renovación al poder judicial debe de entenderse como la demanda imperiosa y legítima de un pueblo democrático, que exige un sistema de justicia justo, valga la redundancia, y es que, en nuestro país, el sistema de justicia es todo, menos eso.
Hace unos días el Presidente señalo y puso en el centro del debate una reforma al poder judicial, que planea presentar en septiembre del 2024, para que los ministros sean elegidos democráticamente, por mencionar uno de las propuestas señaladas por AMLO, esto como respuesta a la anulación del “Plan B” que proponía entre otras cosas, ajustar al INE a las políticas de austeridad de republicana y darle más atribuciones para que no solamente organizara las elecciones cada 3 años, sino que también participara en plebiscitos y consultas ciudadanas, en pocas palabras, democratizar al INE y acabar con la corrupción.
Pero ¿cuál es el fondo del debate? ¿qué es lo que las fuerzas de la transformación y la derecha conservadora disputan? nada más y nada menos que el proyecto de nación, por una parte, el gobierno que encabeza Andrés Manuel busca que la justicia regrese a la SCJN (suponiendo que algún día la hubo), porque un país no puede tener paz si no hay justicia, así como el crecimiento sin bienestar es simulación, la transformación sin justica no alcanza para transformar la realidad inmediata de nuestra sociedad.
Por otra parte, está el bando conservador, que entiende diferente a la justicia y la miran como un instrumento castigador a su disposición para quienes osen amenazar sus privilegios, y es que así funciona hoy en día, pues la justicia solo sirve para quién tenga la capacidad de pagarla, y prueba de ello están todos los amparos en beneficio de conocidos delincuentes de cuello blanco y/o empresas como IBERDROLA, que con tal de quedar impunes engordan las cuentas de banco de cuanto ministro o juez lo requiera. Del otro lado de la balanza, nos encontramos con un sistema de justicia que tiene las cárceles llenas de personas que siguen esperando una sentencia por delitos menores, o los que por no tener dinero para pagar un buen abogado o llegarle al precio al juez, son juzgados con toda la fuerza de la ley, como es el caso de muchos indígenas del sur del país que, por no hablar español, perdieron la posibilidad de defenderse.
El sistema de justicia debe ser revolucionario para que pueda estar a la altura de las demandas actuales, hoy, que por primera vez en mucho tiempo tenemos un gobierno democrático y humanista, me permitiré citar al Che cuando dijo “sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario” y es que necesitamos jueces revolucionarios, sensibles y que entiendan a la justicia como un fin, y por consecuencia, podamos construir una sociedad justa y no como un medio persecutor, el cual mantenga el estatus quo y castigue a sus enemigos.
El Plan B del presidente buscaba entre otras cosas; acabar con la burocracia dorada, y los enormes derroches de quienes reciben de finiquito más de 9 millones de pesos y tienen trabajo asegurado por 9 años, como los consejeros electorales y el consejero presidente del INE (como lo fue Lorenzo Córdova) en un país donde antes del 2018, el salario mínimo duró raquíticamente congelado aproximadamente más de 30 años.
Que los ministros no quieran entender que la austeridad republicana es una exigencia popular y una muestra de justicia social, es sin duda el mejor ejemplo de que su concepto de justicia no es el mismo que el de millones de mexicanos, porque la desigualdad es injusticia, o acaso ¿se puede hablar de justicia cuando más de la mitad de la población no tiene en sus cuentas de banco más de 4 mil pesos? Y esto como dato: si tan solo 356 personas de nuestro país (las más ricas) pagaran el 5% de impuestos, nuestro presupuesto de salud se duplicaría. (https://www.forbes.com.mx/listas/listas-multimillonarios/)
Vivimos momentos estelares parafraseando a López Obrador, pues la gente se cansó de darle a la empresa su tiempo de vida a cambio de un triste salario que no alcanza, y es por ello que los programas sociales del presidente están redistribuyendo la riqueza y haciendo justicia social, de igual manera, se debe actuar con el sistema de justicia, ya no hay partes dentro de esa estructura que no estén podridas, la renovación como exigencia popular en un sistema político democrático, es un aire revitalizante que corrige la corrosión de las instituciones, que al pasar de los años se han viciado a causa de los gobiernos neoliberales que encontraban un jugoso negocio en cada necesidad humana, es pues que el debate sobre la reforma al poder judicial es una exigencia popular, y debe entenderse como tal, no como una intención antidemocrática de Andrés Manuel como lo quieren hacer ver los conservadores. Es cierto que el Presidente ha sido el medio por el cual el pueblo ha podido ejercer de manera más directa y democrática su voluntad, pero el presidente ha sabido entender que solo se manda obedeciendo y que el pueblo mandan mandando, diría el filósofo y teólogo Enrique Dussel.
Nos queda mucho por hacer, hacer conciencia y seguir participando de manera directa en este proceso histórico del cual fungimos como protagonistas. Estemos a la altura de un movimiento que no es de un solo hombre si no, de todas y todos nosotros, porque esa será la mejor herencia para las generaciones venideras y nuestro mejor legado, contribuyamos a la democratización de nuestras instituciones y rompamos ese hechizo neoliberal, atrevámonos a imaginar el país que merecemos y si, el INE si se toca, y el poder judicial ¡también!