La democracia instituyente contra sus altezas serenísimas de la Suprema Corte

Ismael Carvallo Robledo

Para nadie puede ser un misterio el hecho de que la oposición político-partidista está completamente derrotada, sin liderazgos, sin rumbo y sin autoridad moral; así como tampoco lo es el hecho de que estamos tocando la médula espinal de la Cuarta Transformación, y que tiene que ver con el desmontaje político de un orden jurídico-legal-constitucional entre medio del cual se le quiere abrir paso a un nuevo orden.   

En los esquemas clásicos de clasificación de los regímenes políticos (así por ejemplo Tocqueville al analizar el sistema de la república presidencial norteamericana), se supone que en el Senado o Cámara Alta estaría representada la aristocracia u oligarquía de una sociedad política determinada, mientras que en la Cámara de Diputados o Cámara Baja estaría representado el pueblo. Lo que vemos ahora, para el caso concreto de México, es que la oligarquía está representada más bien en la Suprema Corte de Justicia mientras que la representación popular está disuelta entre la Cámara y el Senado al margen de las atribuciones formales que a cada una les corresponde en función de su naturaleza (representación de la voluntad popular en la primera, representación del pacto federal en el segundo).

Se observa entonces una disputa por el sentido de la fuerza de obligar bajo la forma de una dialéctica material de poder dentro del Estado mexicano establecida como soporte y fundamento de la ley, que en el caso del antagonismo que comentamos se manifiesta entre las atribuciones de la Suprema Corte (sancionadora de lo instituido) para desactivar lo mandatado desde el Poder Legislativo (lo instituyente) a través de un proceso parlamentario configurado desde la inmanencia de sus propios procedimientos, y que sólo ha podido ser sancionada desde el otro Poder, el Judicial, ateniéndose al expediente del formalismo procedimental o procesal, precisamente, en una flagrante y evidente toma política de partido contra la 4T. 

Los ministros de la corte lo que están haciendo es política de una manera abierta y frontal contra el presidente y la coalición histórica que lo respalda, lo que no deja de tener un alto interés histórico al estarnos permitiendo ver la forma en la que las variables reales de poder del Estado mexicano están alineándose para lo que viene.

Y lo que viene es una continuación de un proceso histórico de democracia instituyente (usamos el término con Castoriadis para denotar una dialéctica de activación permanente de la voluntad popular por vía de la politización intensa y extensa de la nación ejecutada a través de la relación orgánica entre un tribuno del pueblo en el sentido de Maquiavelo, AMLO, y una base popular en expansión y consolidación ideológica) en el que habrá de darse una colisión entre esa base histórica capitaneada por un liderazgo de sustitución (el candidato presidencial de Morena para 2024) pero con el empuje carismático todavía activo de AMLO en una dinámica de transición de gobierno dentro de un bloque histórico que tiene garantizada la continuidad en la presidencia, y una oligarquía decadente, reaccionaria y pasiva agazapada detrás de las Altezas Serenísimas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como siempre, no se dieron cuenta de que esto es exactamente lo que quería el presidente que ocurriera, porque así ha quedado establecido ya el campo de la batalla que sigue, y la bandera que nos habrá de unificar a todos está ya hondeando en todo lo alto de Palacio Nacional. El Plan C está a la vista de todos. Tenemos tarea. ¡En marcha! La campaña por el 2024 ahora sí, y sea quien sea el candidato, ha iniciado ya.