Rector gana 187 mil al mes; va al Congreso a pedir más recursos
Con un sueldo mensual de 187 mil 532 pesos, el Rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, acudió esta mañana al Congreso del Estado a solicitar un mayor presupuesto para la Universidad.
De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, el rector de la UdeC percibe un sueldo bruto de 187 mil 532.70 pesos, que rebasa por mucho al tope que cualquier servidor público debe tener, que es de 108 mil pesos, lo que actualmente percibe el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo a la argumentación de Hernández Nava, la Universidad necesita más recursos para ampliar su matrícula, mejorar las condiciones de infraestructura así como brindar un mejor servicio a estudiantes y trabajadores, sin embargo, las autoridades universitarias se han negado a transparentar el uso de los recursos que recibe por parte del Gobierno del Estado, que año con año asciende a 271 millones de pesos; además, en el caso de los recursos federales recibidos, la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado anomalías en la administración de los mismos.
Sin haber puesto en marcha una política de austeridad apegada a los principios propuestos por el Gobierno Federal, con sueldos del rector y ex rectores mayores a los del Presidente de la República, el rector acudió al Congreso a pedir un mayor presupuesto para el gasto corriente de la máxima Casa de Estudios.
Las autoridades federales, desde el titular de la Secretaría de Educación Pública hasta el propio Presidente AMLO han expresado en reiteradas ocasiones que muchas de las universidades públicas tienen un historial de falta de transparencia y rendición de cuentas de los recursos que reciben, así como sufrir de cacicazgos y grupos de intereses creados que se han dedicado a controlar y manipular a esas instituciones.
Hasta el momento, el desempeño de la UdeC ha sido poco halagador, ya que ha descendido más de 30 lugares en el ranking de universidades en latinoamérica, además de mostrar escasos resultados en materia de investigación, con ejercicio de recursos poco transparente, con prácticas antidemocráticas en la toma de decisiones, con pensiones exorbitantes para los ex rectores y sueldos altísimos para la alta dirección.