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Más de 6,500 muertos tras sismo en Turquía y Siria Juez ordenó la aprehensión de la esposa y hermanos de Genaro García Luna
Los familiares del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública habrían estado relacionados con un presunto desvío de cinco mil 112 millones de pesos
Un juez federal ordenó la aprehensión de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como cuatro hermanos del funcionario por su presunta participación en el desvío de más de cinco mil millones de pesos mediante contratos de prisiones federales.
De acuerdo a lo que se conoce hasta este momento, los otros involucrados serían Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto García Luna, además de Oswaldo Luna Alderrabano, quien fue el Oficial Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP).
La noticia se dio un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo 61 órdenes de aprehensión contra personas que probablemente estuvieron involucradas en contratos con el exfuncionario.
Previo a que se confirmara la información por medios como Milenio, horas antes el periodista Ciro Gómez Leyva filtró la lista de los posibles integrantes en donde se pudo leer los nombres de García Luna, su esposa, sus cuatro hermanos, incluso algunos colaboradores cercanos.
No obstante, como se mencionó, fue mediante un comunicado de prensa que la Fiscalía notificó que entre la lista se encuentran servidores públicos y particulares, supuestamente vinculados con el delito de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero no dio más detalles al respecto “A fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro ‘G’, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de diez contratos ilícitos, por la suma de cinco mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, se pudo leer.
Asimismo, se había dado a conocer que las autoridades mexicanas ya había solicitado la ficha roja de la Interpol para dar con el paradero de aquellos que se encuentren fuera del país y se solicite la asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes.
Asimismo, se notificó que el procedimiento penal que inició la FGR es independiente a la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro presunto despojo millonario en contra de la Policía Federal “Respecto a este nuevo procedimiento, ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos”, finalizó el comunicado oficial que emitió la FGR al respecto.
La UIF apuntó que la actual directora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, Sonia Vargas Terreno, habría firmado contratos relacionados a la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas supuestamente ligadas a García Luna.“Sonia Vargas es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos.
Todos los contratos fueron hechos en dólares”El mandatario afirmó que le entregaron unos documentos sobre el cargo de Sonia Vargas Negaron amparo a Genaro García LunaEste mismo martes 23 de mayo, se notificó que el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito rechazó emitir un amparo a favor de Genaro García Luna contra el bloqueo de sus cuentas bancarias en el país, por lo que seguirá sin tener acceso a su dinero.Conviene recordar que el bloqueo derivó de una petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) cuando se investigaba al exfuncionario mexicano por su participación en el delito de lavado de dinero.
Asimismo, este caso se remonta a mayo de 2022 cuando un juez de Distrito negó el amparo a favor del exsecretario de Estado; sin embargo, García Luna interpuso un recurso de revisión que el pasado 11 de mayo confirmó la sentencia de un año atrás.