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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, denunció a un grupo de abogados por supuestamente establecer vínculos de interés con miembros del Tercer Poder de la Unión y promover amparos contra sus proyectos de infraestructura. Esta acusación se produjo tras la anulación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del decreto de obras prioritarias del mandatario.
López Obrador señaló que estos abogados, presuntamente vinculados a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, han impulsado amparos contra grandes proyectos de la administración, incluyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas. “Todos los amparos a las obras se promueven por un grupo vinculado a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial», aseveró el presidente en su conferencia matutina del 23 de mayo.
El mandatario señaló específicamente a cuatro figuras: el exministro José Ramón Cossío, el exsecretario de Gobernación, Miguel Gómez-Mont Urueta, y los abogados Miguel Carbonell y Gerardo Carrasco. Asimismo, mencionó a la asociación Litigio Estrategia, a la cual acusó de estar vinculada con el magnate Claudio X. González. «Lo esencial en su labor son las relaciones públicas. El llamado ‘lobby’. Este grupo influye mucho en la Corte”, afirmó López Obrador.
El pasado 22 de mayo, la SCJN invalidó un decreto del presidente que protegía la información de las obras de la Cuarta Transformación (4T), considerándolas de “seguridad nacional e interés público”. Entre estos proyectos se incluían el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
López Obrador argumentó que la intención de la Corte era frenar los proyectos de su administración, y por ello se anticipó emitiendo decretos para proteger las “obras prioritarias”. “Nos adelantamos, porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste», dijo.
Finalmente, el presidente sostuvo que es necesaria una reforma del Poder Judicial, argumentando que los ministros de la SCJN «no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo” mexicano. “Existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial”, concluyó.