Sobre la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad

Por: Roberto Rubio 

Todos los que pasamos por la Universidad de Colima sentimos orgullo de haber egresado de ella. Como institución educativa y formativa no hay duda del fin loable que debe perseguir. 

Ahora bien, es evidente que el Congreso local, las y los diputados tienen como atribución legislar en el ámbito local, dentro del que se ubica la Ley Orgánica de la Universidad de Colima; de eso tampoco hay duda alguna.  

En torno a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad presentada hace unos días en el Congreso, debemos tener claridad que las leyes y el derecho son dinámicos y su creación, derogación, abrogación o reformas son necesarias en determinado momento para adecuarlas a las necesidades reales y actuales puesto que cada norma obedece a las circunstancias y contexto contemporáneo en el que fueron creadas.  

Recordemos que ninguna Institución, Autoridad, Organismo, dependencia o persona es intocable jurídicamente; incluso la propia Constitución Federal puede ser reformada.  

Ninguna ley puede permanecer estática; si la misma es incongruente con el contexto actual, se encuentra desfasada, o su texto vigente dificulta o hace nugatorio el ejercicio pleno de los derechos humanos puede y debe ser reformada o adecuada, a fin de dar plena efectividad a los derechos fundamentales; lo anterior con independencia del tipo de Ley que se trate o de la Institución que regule.  

La propia Universidad, o mejor dicho la comunidad universitaria (funcionarios, académicos, investigadores, trabajadores, estudiantes, etc.) deberían dar la bienvenida a este ejercicio parlamentario y, en su caso, aprovechar la coyuntura para plantear más temas y que la Universidad como Institución, se vea renovada y fortalecida en su normatividad, para que su autonomía, con los alcances legales que ello significa, y su gratuidad realmente se hagan realidad y no sólo sea texto en el documento-ley.