A un año de la alternancia, ¿qué aprendimos?

Hace más de un año pasaba lo impensable: Colima, el estado que nunca antes había sido gobernado por otro partido que no fuera el PRI, había decidido romper la tradición y llevar a Morena al poder.

Y no solo eso, el voto de los ciudadanos llevó a la entidad a tener a su segunda gobernadora mujer, lo cual, tampoco había sucedido desde 1979, cuando Griselda Álvarez llegó al poder, convirtiéndose en la primera gobernadora de Colima y de México.

Luego de un poco más de 365 días que la actual gobernadora, Indira Vizcaíno, haya llegado al poder, hay quienes reafirman su voto y preferencia partidistas, puede ser que haya quienes no, pero en cualquiera de estas situaciones valdría la pena preguntarse, ¿qué nos ha dejado de enseñanza este año del nuevo gobierno?

En primer lugar, opino yo, la certeza de que si los ciudadanos nos organizamos, informamos y jalamos para un mismo lado, todo cambio es posible, situación que más bien es un refrendo de lo ya logrado a nivel nacional con la llegada de López Obrador a la presidencia.

También y desafortunadamente, hemos aprendido que los derechos de la población, en especial de aquella que ha sido vulnerada históricamente, dependen de forma directa de las creencias y prejuicios de quienes están en el poder.

Prueba de ello es la despenalización del aborto en Colima, pues tuvo que llegar una mujer feminista a la gubernatura, así como una legislatura mayoritariamente de mujeres y de jóvenes, para que este derecho humano, reconocido ya internacionalmente, fuera una realidad en la legislación colimense, al ser aprobado en diciembre de 2021 por el Congreso local, a propuesta de Vizcaíno.

Y es que no es la primera vez que este tema se llevaba a la tribuna del Legislativo, cabe recordar que a su salida de la administración, el ex gobernador, Mario Anguiano, envió una iniciativa con propuesta de decreto para permitir la interrupción legal del embarazo en el territorio, sin, embargo, tras la realización de unos foros a manera de consulta pública, la mayoría panista que en ese entonces controlaba el Congreso, desechó esta posibilidad.

Si bien, la actual administración federal ha abogado por consultar a la población sobre decisiones importantes, no hay que perder de vista que LOS DERECHOS NO SE CONSULTAN.

Y en el caso de las mujeres, población LGBTIQ+ u otros sectores cuyos derechos constantemente se ven vulnerados, más nos valdría recordar que basta una crisis política o social para perderlo todo. 

Por ello lo urgente de informarnos mejor sobre nuestras candidatas y candidatos, así como conocer sus posturas respecto a este tipo de temas.

Lo cual me lleva a mi siguiente y último punto: la presión social. 

Hace unos meses se dio a conocer un aumento de sueldo a ciertos mandos de la administración estatal, el cual, tuvo que ser revertido ante la presión social de los ciudadanos enojados.

No es la primera vez que un gobierno recula ante esto, recordemos por ejemplo, la vez en la que el mismo presidente tuvo que echar vuelta para atrás ante la inconformidad por el presupuesto que se le asignaría a las universidades a inicios de su gestión. 

La presión social de los ciudadanos siempre conlleva un costo político, que también, más nos valdría aprender a usar.

Aún quedan cinco años de administración estatal y aunque la evaluación de la misma pueda ser distinta para cada quién, he de rescatar el empeño que se le ha puesto en realizar obras que si bien desde afuera parecen pequeñas, solucionan la cotidianidad de una o varias poblaciones y no solo para ahorita, sino para generaciones. Por ejemplo, las escuelas o centros de salud que en un año se han construído y que contrastan con las estatuas faraónicas pero inútiles del pasado.