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Por Linda Illanes*
Columna: Utopías
Los hechos vividos en el Centro de Reinserción Social del Estado de Colima el pasado martes 25 de enero han sido lamentables, 9 personas privadas de la libertad fallecieron, y 4 más se encuentran hospitalizadas.
La vida de las personas no se reduce a amarillismo, politiquerías y discursos. Se escuchan algunos Políticos del viejo régimen culpar al Gobierno Estatal cuestionando la experiencia y capacidad de funcionarios que, a 2 meses de ocupar sus cargos se encuentran con las consecuencias de un sistema de gobernabilidad y administración fallido, un Estado endeudado, desorganizado, con conexiones estructurales entre las mafias y las Instituciones Públicas, con la corrupción que se engendró y echó raíces, herencia precisamente, de ese viejo régimen.
Hay un esfuerzo y compromiso por el nuevo Gobierno de terminar con los privilegios, de cambiar la forma de hacer política y conformar las Instituciones Públicas, es algo que se está reflejando en la administración penitenciaria, y ésto, desde luego, origina la molestia de las mafias y organizaciones criminales que se beneficiaban de las viejas prácticas provocando episodios de violencia que generan un ambiente de temor en la sociedad, buscando el desprestigio de la nueva administración. Lo mismo ocurre en otras entidades de la República donde se ha dado la transición de gobierno a la 4T.
Sin duda existe una falta de organización, coordinación, y gobernabilidad dentro del Centro, que se ha manifestado en este penoso incidente causando el dolor de las familias de las víctimas y la indignación de muchos colimenses.
El Sistema Penitenciario Estatal exige una reorganización que permita brindarles la seguridad necesaria y digna a las personas privadas de la libertad, que vivan en condiciones que posibilite la reinserción a la sociedad, y que funcione de acuerdo a lo establecido por el Artículo 18 Constitucional Federal, con base en los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, salud y deporte, así como la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de su equivalente Estatal, sobre todo el cumplimiento de la obligación de las Autoridades de proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de todas las personas.
Basta con revisar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para evidenciar una serie de deficiencias en el Centro de Reinserción Social de Colima relacionadas con aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad, aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, y la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Cuando las personas viven en estos contextos, no es posible hablar de reinserción. Esos Políticos que apuntan, deben recordar que una de las causas por la que se dio la evolución del Sistema Penal en México en 2008, incluyendo la visión de “Readaptación Social” a “Reinserción Social” como base del Sistema Penitenciario, se da cuando la sociedad exige que el Estado reconozca su responsabilidad ante el deterioro del tejido social, porque éste se rompe al no existir las circunstancias adecuadas y dignas para el desarrollo de la vida individual y colectiva.
El Sistema Penitenciario Estatal debe reestructurarse y comprender que la pena es la privación de la libertad, y no una práctica sistemática de violaciones a derechos humanos.
*Instagram: @linda.illanes