En estado insuficiente
Las columnas de opinión y su contenido son responsabilidad de quienes las escriben y no necesariamente responden a la línea editorial de Prensa Libre
Por L.C.E. Irving Alcázar*
Columna: Desde la Costa
Uno de los principales argumentos para instaurar el neoliberalismo en México y en el mundo es el haber priorizado razones económicas sobre situaciones de carácter meramente político. Es decir, poner a funcionar el Gobierno bajo la misma lógica en la que funciona el mercado, cuando no es así.
Derivado de la crisis por la que se atravesaba con relación a las políticas públicas que más intentaban asemejarse a un “Estado de bienestar” y bajo el típico argumento de que el estado no puede porque es ineficiente, en México se impuso una estrategia económica de corte neoliberal, lo que permitió la apertura comercial, privatizaciones, la eliminación de subsidios y la priorización del libre mercado por sobre todas las cosas.
Y bueno, nos vendieron humo y los resultados ya los conocemos, se amplió la brecha de desigualdad hasta casi eliminar la clase media en nuestro país, se redujeron los salarios, los ricos se hicieron mucho más ricos, los pobres se hicieron más pobres y se presentaron tasas de crecimiento económico realmente desastrosas. Unos genios, sin duda.
Ahora bien, a nivel federal es bien sabido ya por muchos que esta política depredadora que consistió en la reducción al mínimo del Estado no arrojó los resultados que se prometieron. Pero, cabe resaltar que, el desastre fue impuesto de manera generalizada, en los tres niveles de Gobierno. ¿A qué me refiero? ¡Pues ni los municipios se salvaron!
Los ayuntamientos tienen razón de ser en el 115 Constitucional, sin embargo, más exactamente en su fracción tercera se establece que estarán a su cargo los servicios públicos que ahí mismo se enlistan, y que van desde la recolección y tratamiento de residuos hasta las labores de seguridad pública, por supuesto en los términos que establece el artículo 21 de la misma Constitución.
Bajo el neoliberalismo, los Gobiernos locales cambian su papel, que hasta ese momento era preponderante, en la provisión de servicios, facilitando entonces la inversión de capital privado, desplazando al aparato gubernamental, por ser “lento y obeso”. En este sentido el Gobierno deja de ser un promovente o impulsor y pasa a ser gestor o rector. En el entendido de que, en esta teoría, el gobierno “facilita” y “estimula” la inversión privada.
No comulgo con la tesis que afirma que el Gobierno es como una empresa, porque nada tiene que ver la gimnasia con la magnesia. Un ejemplo claro de esta visión es, la cada vez más generalizada, acción de privatizar el servicio de recolección de residuos sólidos. Quiero decir, es que hasta con la basura se buscaba (y algunos aún buscan) hacer negocios al amparo del poder público.
En el caso específico de la recolección de residuos sólidos, hay muchos ejemplos en los que los alcaldes en turno prefieren la tercerización de este servicio, a simplemente hacer bien su chamba. Por ejemplo, la actual alcaldesa del Municipio de Colima, emanada de las filas del PRI, sufrió al inicio de su administración una severa crisis en este sentido, crisis a la que tampoco fue ajena la alcaldesa de Villa de Álvarez. Para solucionar este problema que, si bien podría llegar a convertirse en una afectación más a la salud pública de las personas, se anunció el arrendamiento de cinco unidades para prestar el servicio solo durante un mes.
El 29 de noviembre del 2021, se comunicó la renta de camiones recolectores de residuos sólidos por parte de la directora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Colima. Cabe resaltar que el monto de la renta mensual por las cinco unidades asciende casi al medio millón de pesos, si comparamos estos números con el precio al que compró cada unidad el Ayuntamiento de Manzanillo en su momento (poco más de dos millones de pesos) Margarita podría comprar en un año, al menos 3 unidades. Y claro, aplicando una verdadera política de austeridad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas, tal vez podría comprar algunas más.
Caso muy distinto se ha presentado en Coquimatlán, que, si bien es un municipio mucho más pequeño que la capital del estado, también tiene problemas con la prestación de este vital servicio; luego entonces su alcaldesa, después de iniciar un intenso saneamiento de las finanzas municipales y consciente de que, de entrada, el arrendamiento no es la solución, decidió pedir prestada una de sus unidades al Ayuntamiento de Manzanillo, en lo que pueden comprar, al menos, una unidad. Por supuesto, endeudar más al municipio no está tampoco en los planes de la alcaldesa Leonor Alcaraz.
Los ayuntamientos deben de prestar los servicios públicos a los que están facultados para hacerlo, no tercerizarlos, ni mucho menos privatizarlos. La gente que se dedica al servicio público, pensando en que se pudieran obtener ganancias simplemente no debe ejercerlo. Cuando se compra algo con el dinero del pueblo, de la gente, este se convierte en su patrimonio; lógicamente no sucede así cuando se decide arrendar o privatizar algún servicio público. El negocio de los arrendamientos es un gran negocio, pero no se tiene que hacer negocio con la administración pública.
El Ayuntamiento de Manzanillo es un muy buen ejemplo, éste no ha rentado absolutamente nada, “ni en sus peores momentos” señala su alcaldesa. Y no está demás presumirlo, ni camiones de basura, ni automóviles, ni mucho menos patrullas para la seguridad pública de las personas. Parece ser que muchos otros municipios e incluso en niveles más altos de gobierno, se encuentran ensimismados, sin someterse a una verdadera política de austeridad republicana, honestidad, y eliminación de gastos superfluos para ponerse al servicio de la gente.
El pueblo no es tonto, y hasta que no entiendan eso, estarán y seguirán argumentando que el estado [les] es insuficiente.
*Twitter: @uyotrogei
Posdatas:
1.- Con relación a las unidades que rentó el Ayuntamiento de Colima en noviembre pasado, cabe resaltar que la empresa proveedora de este servicio es “Grupo BENJ, S.A. DE C.V.” dedicada a la planeación, manejo y recolección de residuos. Curiosamente esta empresa señala que su domicilio fiscal es Calle Felipe Ángeles #1, Col. San Juan de Aragón en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Ahora bien, si buscamos esta dirección en Google Maps, el resultado, por alguna razón, es la imagen que se presenta a continuación:
Sin lugar a la insidia, esto es, por decir lo menos: extraño.
2.- ¡Feliz año nuevo a todas y todos!