SCJN echará abajo crédito de Nacho Peralta: Diputados de Morena y PT

*Explicaron que la Acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte tiene todos los elementos para lograr que se invalide el crédito de 740 millones de pesos que le fue aprobado al Gobernador Ignacio Peralta por bancadas y diputados afines al gobierno del estado.

En rueda de prensa, diputadas y diputados de Morena, así como del Partido del Trabajo; informaron sobre la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del crédito por 740 millones de pesos solicitado por el Gobernador del Estado de Colima.

El documento presentado el pasado martes 4 de agosto en la Ciudad de México cuenta con el respaldo de ocho diputados del Congreso del Estado de Colima, seis de la bancada de Morena (Vladimir Parra, Claudia Aguirre, Livier Rodríguez, Araceli García, Arturo García y Rogelio Salinas) además de dos diputadas del PT (Ana Karen Hernández y Mayra Villalvazo).

En dicho documento expusieron que se reclama seis acciones como inválidas, la primera de ellas es el acto preparatorio y la aprobación del dictamen por parte la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado de Colima, así como el acuerdo número 40 donde se autorizó como recinto legislativo la sede del STSEC.

Otros actos reclamados son el decreto número 286 aprobado en la Sesión número 12 por el que se autoriza contratar uno o varios créditos por un monto hasta de 740 millones de pesos; así como la promulgación y publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

La Dip. Blanca Livier Rodríguez expuso que también se busca invalidar todos los actos preparatorios y la propia celebración, “de manera virtual” de la Sesión Pública Ordinaria Número 11 y así como los de la sesión número 12, ambos del segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional, por haberse realizado violando la legalidad de los procesos.

Por otra parte las y los legisladores aclararon que las declaraciones del Diputado Carlos Farías, sobre una supuesta irresponsabilidad por presentar sin su firma la Controversia Constitucional, son falsas, ya que se le citó el día 3 de agosto para presentarle el contenido del documento y este no se presentó.

Cabe mencionar que aún es posible revisar y en su caso firmar o hacer las adecuaciones al documento para que la entregue como ampliación a la demanda de acción constitucional antes del 10 de agosto que cierra el plazo, ya que este tipo de ampliación es viable de acuerdo a la ley vigente.

Así mismo expusieron que el argumento que cita el Diputado Farías sobre que la demanda debería contar con 9 firmas y no con 8, que fue como se entregó, es erróneo. Ya que existen dos criterios que han formado jurisprudencia por haberse votado por unanimidad de los ministros de la SCJN.

Citaron que uno de estos criterios es la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad  108/2015 promovida por diputados del Estado de Colima respecto del decreto 565, donde los ministros argumentaron que sólo bastaba la voluntad de por lo menos 8 diputados, sin embargo en esa ocasión fueron 10 los firmantes.

Por otra parte, el coordinador de la bancada de Morena, Vladimir Parra Barragán, expuso que actualmente se puede ver un “Pacto por Nacho”, puesto que igualmente que existió un “Pacto contra México” para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora hay un pacto de las cúpulas del viejo régimen y partidos aliados para apoyar al gobernador del estado.

Así mismo, Parra Barragán expuso que el gobernador de Colima mintió al pueblo de Colima respecto del tema de la deuda, puesto que los recursos del crédito llegarán posiblemente hasta enero, “quieren hacer un negocio a costa de la gente, a costa de las generaciones de colimenses que van a pagar por 20 años esta deuda”, sostuvo el diputado morenista.

“Ese recurso no es para Covid19”, insistió Parra Barragán, así mismo, recordó que el gobernador pidió 100 millones de pesos en un crédito a corto plazo, y no se ha informado sobre ese recurso. Señaló además que sobre esos 100 millones se han presentado diversas anomalías, “un desorden”, puesto que se compró equipo médico a sobre precio; llegaron menos ventiladores de los que se habían anunciado; “hasta el momento no ha habido reconversión hospitalaria, no hay un plan ni una estrategia de salud”, indicó el coordinador de la fracción de Morena.

Señaló que el gobernador es incongruente, ya que se refleja en la gente el nivel de rechazo que tiene, siendo el peor evaluado en la historia de Colima. “Se sigue yendo a reuniones fuera del estado, con banquetes, amplios dispositivos de seguridad, sin respetar medidas de salud y quiere imponer medidas coercitivas a quien no utiliza cubre bocas”, indicó.

Por su parte, la Diputada Araceli García condenó que a los adultos mayores en Colima, desde el año pasado no se les esté pagando la pensión por parte del Gobierno del Estado, caso contrario al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha adelantado la pensión universal para que durante la contingencia por el Covid-19, puedan cubrir sus necesidades. “Es una vergüenza que el gobierno del estado le diga a los adultos mayores que se queden en casa cuando no les paga su pensión para cubrir lo más básico”, dijo.

Sobre la denuncia interpuesta por el Dip. Guillermo Toscano en contra las y los diputados que tomaron el Congreso para evitar la aprobación de la deuda, la diputada Claudia Aguirre manifestó que, “estamos en la mejor disposición para comparecer (ante la Fiscalía) el día que nos citen, sin ningún problema, puesto que nosotros no hemos cometido ningún delito”.

Mencionaron que la historia va a juzgar a quienes con sus acciones están convalidando este crédito y que por otro lado, se reconocerá a las y los diputados que se están oponiendo a este atropello y que están demostrando su compromiso con el pueblo y no con unos cuantos políticos del viejo régimen.

Finalmente recordaron que además de la Acción de Inconstitucionalidad también han presentado otros dos recursos, ante la Comisión de Derechos Humanos y ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.