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Por Eduardo Bravo*
A más de 500 años de la conquista de América, los imperios y las empresas transnacionales siguen extrayendo un sinfín de riquezas naturales, energéticas, mineras, mano de obra barata, en entre otras. Riquezas obtenidas a partir de invasiones, muerte, depredación y tratos políticos de los países centro hacia los países periféricos del entramado global capitalista. La ola de despojo de riqueza, tierras y vidas por partes de mineras y petroleras en México, aumenta los conflictos sociales en las comunidades afectadas por la extracción de minerales y energéticos, que devastan la naturaleza y contaminan el agua, por la gran cantidad de venenos lanzados al medio ambiente.
En el territorio mexicano se está intensificando los movimientos anti-minería, movimientos sociales que buscan detener el avance de los megaproyectos de las transnacionales en sus comunidades, proyectos que les son impuestos sin previa consulta, derivados de la corrupción de las autoridades y el malinchismo que en México prevalece a más de 500 años de la conquista europea, como lo relata la revista Contralínea en el país son más de 100 conflictos activos derivados de la indiscriminada concesión del territorio mexicano a la industria extractiva, afectando a las comunidades más pobres enclavadas en la montaña, para despojarlos de sus tierras.
Según un suplemento especial de La Jornada, en los últimos 10 años se han extraído en México el doble de oro y la mitad de la plata de los que fueron extraído durante los 300 años de la colonia española, de “1521 a 1821”. La extracción excesiva de riqueza es por las nuevas tecnologías que utilizan las empresas mineras, que son capaces de extraer y movilizar miles de toneladas de rocas, lo que significa la destrucción de cerros enteros y con ello la desaparición de flora y fauna de la región, un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras en su mayoría canadienses son los que monopolizan el mercado extractivista en el país.
Los proyectos extractivistas de las minas a cielo abierto son las más peligrosas y depredadoras de la naturaleza, ya que apoyándose de detonaciones de pólvora vuelan cerros enteros utilizando técnicas de tumbe y relleno, lo que lleva a estas empresas a extender sus áreas de extracción para tener espacio suficiente, para poder procesar las descomunales cantidades de tierra y material removido, además del uso indiscriminado de sustancias químicas como: el cianuro de sodio, arsénico, plomo, mercurio y ácido sulfúrico, para hacer hoyos en la tierra y extraer los metales como el oro y la plata, dejando el lugar afectado hecho polvo fino y contaminado.
En el país hay más de 600 municipios con actividad minera, menciona la jornada, las cuales son víctimas del despojo y la depredación de la naturaleza, por parte de empresas extractivistas, apoyadas por gobiernos “neoliberales”, que autorizan los desplazamientos forzosos, con ayuda de policías y militares, que dejan en desamparo a los pueblos originarios, además de la presencia del crimen organizado que también está en disputa por los recursos naturales de grandes regiones del país. Situación que ha llevado a las comunidades indígenas a declararse “libres de minería” con defensas legales o resistencia civil por parte de sus habitantes.
En la legislación vigente el despojo es legal al permitir que las empresas extractivistas, nacionales o extrajeras presenten solicitudes de concesiones para explotación y exploración de minerales, solo presentando una solicitud de “declaratoria de libertad” a la Secretaría de Economía, figura jurídica que vulnera los derechos humanos de las comunidades indígenas, como el derecho de la propiedad territorial de los pueblos originarios. Las comunidades que se han declarado libres de minería juegan un papel decisivo en la defensa del territorio mexicano ya que, al proteger las tierras de los proyectos mineros, están protegiendo la biodiversidad del país, misma que desaparece con estos megaproyectos de extracción intensiva de las riquezas minerales y energéticas.
*Jesús Eduardo Bravo Delgado, Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad de Colima
Contacto: Jebravod@gmail.com