Claudia Sheinbaum presenta iniciativa para frenar pensiones millonarias

Claudia Sheinbaum presenta iniciativa para frenar pensiones millonarias en el sector público

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una reforma constitucional para poner límite a las pensiones de altos mandos de confianza en el Gobierno Federal, algunas de las cuales —señaló— alcanzan hasta un millón de pesos mensuales.

Durante la conferencia matutina, la mandataria dejó claro que la medida no afectará a trabajadores con contratos colectivos, sino exclusivamente a exfuncionarios de alto nivel que hoy reciben jubilaciones consideradas excesivas.

“A partir de ahora, los funcionarios de confianza no podrán recibir un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos… No tiene que ver con trabajadores con contratos colectivos, nos estamos refiriendo a altos mandos de confianza”.

Exponen casos en LyFC y Pemex

En la misma conferencia, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que en la extinta Luz y Fuerza del Centro existen alrededor de 14 mil extrabajadores jubilados, lo que representa un gasto anual de 28 mil millones de pesos.

De ellos, 9 mil 457 personas —casi 70%— reciben pensiones que van de 100 mil hasta un millón de pesos mensuales, incluyendo al menos un caso superior al millón de pesos cada mes. Además, explicó que el Gobierno subsidia el ISR de esa entidad en liquidación, lo que implica 2 mil 400 millones de pesos adicionales al año.

También se mencionaron esquemas similares en Petróleos Mexicanos, donde persisten jubilaciones elevadas heredadas de modelos anteriores.

¿Qué plantea la reforma?

La consejera jurídica del Ejecutivo, Esthela Damián, explicó que la iniciativa busca reformar el artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de altos mandos no podrán exceder el 50% de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal, salvo aquellas previstas en condiciones generales de trabajo.

La propuesta aplicaría a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos, banca de desarrollo y demás entes públicos.

El Gobierno federal señaló que la reforma se basa en tres principios: austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera, con el objetivo de corregir privilegios heredados y fortalecer el uso eficiente de los recursos públicos.

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