Cuando el espacio público se convierte en negocio privado

Durante décadas, las fiestas tradicionales de Villa de Álvarez —con la Petatera y las emblemáticas cabalgatas como principales atractivos— fueron también un punto de encuentro comunitario. Familias enteras acudían con sus propias sillas para ocupar los camellones y disfrutar, de manera gratuita, de un espectáculo que formaba parte del patrimonio cultural del municipio. El espacio público cumplía entonces su función esencial: ser de todas y todos.

Sin embargo, en los últimos años esa lógica ha comenzado a desdibujarse. Lo que antes era un disfrute colectivo hoy se ha transformado en una disputa entre particulares, con la complacencia —cuando no el impulso— de las autoridades municipales. Los camellones, tradicionalmente ocupados por la ciudadanía, han sido invadidos por los llamados “tablados”, estructuras privadas que cobran una cuota a quienes desean presenciar las cabalgatas desde un lugar que, paradójicamente, pertenece al dominio público.

Las quejas de las y los asistentes no se han hecho esperar, pues en este año se registraron 70 tablados instalados. Personas que históricamente acudían a estos eventos sin costo alguno ahora se enfrentan a la disyuntiva de pagar o resignarse a quedar al margen. El acceso al espacio público se ha vuelto una mercancía más, administrada por particulares que, con el aval del Ayuntamiento, obtienen permisos temporales para lucrar con bienes que deberían permanecer fuera de toda lógica comercial.

Lejos de regular o prohibir esta práctica, las autoridades municipales la incentivan. A cambio de una cuota, permiten que grupos o personas se apropien de los camellones y los conviertan en una fuente de ingresos. El resultado es evidente: la privatización de facto de un espacio público durante una de las festividades más importantes del municipio.

La pregunta es inevitable: ¿quién gana y quién pierde con este modelo? Los beneficiados son claros: los particulares que acaparan el espacio y el propio Ayuntamiento, que cobra por autorizar esta ocupación. Los perdedores, en cambio, son las y los ciudadanos, desplazados de un derecho que durante años ejercieron sin restricciones ni pagos.

Este fenómeno no es aislado. Forma parte de una tendencia más amplia en la que gobiernos identificados con partidos de derecha o de centro priorizan el negocio por encima del interés público. Las tradiciones populares dejan de ser expresiones culturales compartidas para convertirse en oportunidades de lucro, donde se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas.

Lo que está en juego no es sólo la vista de una cabalgata, sino el sentido mismo de lo público. Cuando el espacio común se subasta al mejor postor, las tradiciones pierden su carácter popular y la ciudadanía pierde, una vez más, frente a un modelo que convierte todo —incluso la cultura— en mercancía.