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Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el acuerdo alcanzado entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de concretarse el primer pago de más de 10 mil 400 millones de pesos por la deuda fiscal que mantenía el dueño de Grupo Salinas con el Estado mexicano.
Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que se trata del monto más alto pagado en un solo acto dentro de este tipo de procesos, lo que marca un precedente en la relación entre grandes contribuyentes y el fisco. “Qué bueno que decidieron pagar”, expresó, al subrayar que el cumplimiento de esta obligación envía un mensaje claro: en México ya no hay trato preferencial para los grandes capitales.
Sheinbaum explicó que el pago realizado el 29 de enero forma parte de un esquema acordado para liquidar el adeudo total en 18 parcialidades. Originalmente, la deuda ascendía a alrededor de 51 mil millones de pesos; sin embargo, al acogerse a los mecanismos previstos en el Código Fiscal de la Federación y manifestar su voluntad de pago, el monto se ajustó a aproximadamente 32 mil millones de pesos.
La presidenta enfatizó que este acuerdo no responde a una negociación política ni a concesiones especiales, sino a la aplicación estricta de la ley fiscal vigente. A diferencia de administraciones pasadas, señaló, hoy existen reglas claras que impiden prolongar litigios indefinidamente o evadir el cumplimiento de obligaciones tributarias.
En ese contexto, Sheinbaum atribuyó este resultado a las reformas impulsadas durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que prohibieron de manera expresa la condonación de impuestos a grandes contribuyentes. Recordó que antes de esos cambios, múltiples adeudos permanecían años en disputa legal sin resolverse, afectando la recaudación y profundizando la desigualdad fiscal.
La mandataria destacó que 2020 representó un punto de quiebre en la política tributaria del país, al registrarse una recaudación histórica derivada del pago de impuestos que empresas y corporativos adeudaban desde tiempo atrás. El caso de Grupo Salinas, afirmó, confirma la continuidad de ese rumbo: un Estado que cobra impuestos conforme a la ley y fortalece la equidad fiscal.
El acuerdo refuerza la narrativa de un nuevo marco tributario en el que la austeridad y la responsabilidad fiscal no recaen sólo en la ciudadanía, sino también en los grandes contribuyentes, como condición indispensable para sostener el gasto público y las políticas sociales.