SCJN rechaza usar camionetas blindadas y refuerza política de austeridad responsable

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no utilizar las nueve camionetas blindadas recientemente adquiridas, como parte de una revisión interna orientada a fortalecer una política de austeridad responsable y un uso más eficiente de los recursos públicos. La decisión fue anunciada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, tras la discusión pública generada por la compra de las unidades.

Durante una conferencia de prensa, Aguilar Ortiz explicó que la medida busca hacer compatible la seguridad institucional con el respeto al presupuesto público. Señaló que la Corte puede cumplir adecuadamente sus funciones sin recurrir al uso de vehículos blindados para el traslado cotidiano de las y los ministros, quienes podrán movilizarse en sedanes institucionales, vehículos no blindados o incluso por medios propios.

La compra de las camionetas, confirmada el pasado 22 de enero, implicó una inversión aproximada de 22 millones de pesos, con un costo cercano a 2.4 millones por unidad. En su momento, la SCJN argumentó que la adquisición respondía a criterios de seguridad vial y operativa, derivados de un diagnóstico técnico sobre el estado del parque vehicular heredado por la actual integración del tribunal.

De acuerdo con el ministro presidente, desde agosto de 2010 existe una política interna que establece medidas especiales de seguridad para las y los ministros, incluyendo el uso de vehículos con protección balística. Sin embargo, precisó que dicho esquema debe aplicarse con criterios de racionalidad y sin confundir seguridad con prácticas de lujo o privilegio.

Aguilar Ortiz detalló que la Corte recibió 39 vehículos blindados adquiridos en administraciones anteriores, muchos de ellos con deterioro significativo. Parte de esa flotilla —integrada por camionetas Suburban y Jeep modelos 2019, 2020 y 2021— presentaba fallas mecánicas recurrentes y blindaje vencido, lo que motivó evaluaciones técnicas que concluyeron que varias unidades representaban incluso riesgos para la seguridad vial.

En ese contexto, la SCJN informó que continuará con la desincorporación de 21 vehículos antiguos para generar ahorros presupuestales. Respecto a las nueve camionetas blindadas nuevas, estas serán sometidas a un proceso de revisión para su eventual devolución o reasignación a personas juzgadoras que enfrenten riesgos mayores, siempre conforme a la normatividad vigente.

El ministro presidente subrayó que la austeridad “no es un acto simbólico”, sino una práctica concreta de administración pública que implica decisiones verificables y transparentes. Añadió que la actual administración del máximo tribunal busca corregir inercias heredadas y fortalecer la rendición de cuentas en todos los procesos de adquisición y uso de bienes públicos.

La decisión fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien consideró adecuado que la Corte revise el destino de los vehículos y priorice su uso únicamente en casos donde existan riesgos reales para la seguridad de las personas juzgadoras.

Con esta determinación, la SCJN envía una señal de ajuste institucional orientada a compatibilizar la operación del Poder Judicial con los principios de austeridad, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, en un contexto de creciente exigencia social de transparencia y coherencia en el ejercicio del gasto.