Golpe a la corrupción: Gobierno de Colima embarga propiedad de Mario Anguiano

La Seplafina (Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración) del Gobierno del Estado de Colima embargó y adjudicó un inmueble a nombre de un exservidor público como parte del cobro parcial de un crédito fiscal por una multa aplicada por el Congreso del Estado, debido a un desvío de recursos. La multa, de 515 millones de pesos, fue impuesta por la LX Legislatura luego de determinarse irregularidades, y se formalizó tras agotar recursos legales. El procedimiento legal se inició desde 2022, con la búsqueda de los bienes del exfuncionario y culminando recientemente con la adjudicación de un predio ubicado en la comunidad de Tinajas, municipio de Colima, valorado en 3.3 millones de pesos, equivalentes al 60% de su avalúo.

Este acto reafirma el compromiso del Gobierno de Colima con la lucha contra la corrupción y la impunidad, al aplicar la ley para recuperar recursos públicos mal manejados.

Antecedentes de corrupción

Los hechos se enmarcan en una historia de denuncias contra el exgobernador Mario Anguiano Moreno, quien gobernó Colima entre 2009 y 2015. Durante su administración se le ha señalado por varios actos de corrupción:
1. Desvío millonario: El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) reportó desvíos por más de 2,119 millones de pesos hacia fines distintos a los autorizados, incluyendo simulaciones de reintegros de fondos federales. 
2. Multas e inhabilitación: El Congreso de Colima impuso sanciones al exgobernador: se propusieron multas por decenas de millones y una inhabilitación para ejercer cargos públicos. 
3. Denuncias penales por peculado: Osafig presentó denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por peculado, uso indebido de funciones y falsedad, especialmente por un crédito de 638 millones de pesos con el banco Interacciones. 
4. Orden de aprehensión y amparo: En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión contra Anguiano, quien consiguió un amparo para evitar ser detenido. 
5. Irregularidades en nómina y contratación: También se le atribuyen gastos excesivos en nómina ficticia, adquisición de software sobrevalorado, compra de terrenos inexistentes y deuda estatal sin beneficios reales para la infraestructura. 

Con estos antecedentes, la acción de la Seplafina cobra sentido para el Estado: no solo es un rescate parcial de recursos, sino también un mensaje de que se perseguirá la rendición de cuentas, incluso años después