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La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un golpe contundente contra los viejos privilegios fiscales al rechazar, por unanimidad, los amparos promovidos por Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. Con esta resolución, el magnate deberá cubrir una deuda histórica que prácticamente alcanza los 50 mil millones de pesos.
Durante la sesión pública de este jueves —que el ministro presidente Hugo Aguilar calificó como fundamental para la opinión pública— el Pleno determinó que los recursos legales interpuestos por Elektra eran “inoperantes” y carentes de relevancia constitucional. En consecuencia, la Corte dejó firmes los créditos fiscales impugnados desde hace más de una década.
Las resoluciones abarcan siete de los nueve juicios principales que el empresario mantenía abiertos desde los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. De acuerdo con lo avalado por la SCJN:
- 33 mil 300 millones de pesos deberán liquidarse tras desecharse un amparo promovido por el propio Salinas Pliego.
- Otros 1 mil 431 millones se confirmaron tras la revisión del pago de ISR correspondiente a 2008 y 2009.
- La Corte también dejó firme un adeudo de 2 mil 004 millones 761 mil 834 pesos, luego de admitir una reclamación de la Secretaría de Hacienda.
- En un cuarto expediente, se ordenó cubrir 1 mil 603 millones 813 mil 882 pesos relacionados con el ejercicio fiscal 2012.
- También se ratificó un crédito fiscal por 4 mil 900 millones, que Elektra buscaba frenar a través de otro amparo.
La televisora TV Azteca tampoco quedó exenta: la SCJN desechó un amparo y confirmó obligaciones fiscales por 2 mil 447 millones 748 mil 540 pesos, además de mantener firme otro crédito por 2 mil 615 millones 750 mil 783 pesos.
A pesar de estas determinaciones, aún permanecen dos juicios pendientes, con un valor aproximado de 700 millones de pesos, que la Corte deberá resolver en próximos meses.
La SCJN también impuso una multa al empresario por intentar recusar a las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, aunque esta última se abstuvo de participar debido a un impedimento previamente aprobado.
La resolución marca un precedente poderoso: en la nueva etapa del Poder Judicial, ya no hay intocables y los grandes corporativos deberán enfrentar las obligaciones que la ley impone, sin excepciones ni tratos preferenciales.