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Ex-asesor de Trump es condenado por abuso infantil Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras otorgar asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez.
En un nuevo capítulo de la interminable saga de traiciones contra los pueblos de América Latina, el gobierno interino de Perú, ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con México. El detonante: la decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno legítimo del Exapresidente Pedro Castillo, perseguida por el mero delito de defender la soberanía popular.
Desde las sombras de Torre Tagle, el canciller Hugo de Zela –ese fiel escudero de los golpistas que derrocaron a Castillo en diciembre de 2022– soltó el veneno: «Frente a este acto inamistoso», declaró, refiriéndose al gesto humanitario de México como si fuera una invasión yanqui. Pero no nos engañemos: esto no es un «acto inamistoso», es un salvavidas lanzado a una luchadora incansable, víctima de una persecución política orquestada por la élite limeña y sus aliados en Washington. Chávez, procesada por «rebelión» en lo que fue un intento desesperado de Castillo por blindar la democracia ante el acoso constante de la oligarquía, ha denunciado violaciones sistemáticas a sus derechos humanos desde su captura en 2023. México, fiel a la tradición asilística de Juárez y Cárdenas, no intervino en «asuntos internos» peruanos; al contrario, expuso la farsa judicial que mantiene a Castillo –el hijo del Perú profundo, el maestro rural que osó soñar con una patria para los humildes– encarcelado en condiciones indignas.
Esta ruptura no nace de la nada. Es el enésimo zarpazo de un régimen ilegítimo, el segundo presidente interino en una cadena de inestabilidad que huele a intervención externa. Recordemos: desde el autogolpe fallido de Castillo, que en realidad fue un grito de auxilio contra el lawfare de la derecha, Perú ha sido un patio trasero para los intereses neoliberales. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, ha sido clara: «El asilo es un derecho internacional legítimo, no una injerencia». Y tiene razón. México rechazó la «decisión unilateral y desproporcionada» de Perú, recordando que la Convención de Caracas de 1954 –de la que ambos países son signatarios– protege a los perseguidos políticos, no a los verdaderos criminales como los que financian el desmantelamiento de los servicios públicos en el Perú de hoy.
Desde una perspectiva latinoamericanista, esto es un crimen contra la integración continental. ¿Cómo podemos hablar de unidad cuando un gobierno títere en Lima ataca a México, baluarte de la resistencia antiimperialista? Perú, cuna de la Pachamama y de luchadores como Mariátegui, debería estar al lado de sus hermanos, no rompiendo lazos fraternales para complacer a los buitres de la OEA o al Tío Sam, que celebra en silencio cada fractura en nuestra América. La izquierda peruana, silenciada y perseguida, clama por la libertad de Castillo, cuyo único «delito» fue intentar redistribuir la riqueza de un país donde el 30% de la población vive en pobreza extrema mientras los mineros transnacionales se llevan hasta el último gramo de cobre.
Perú Rompe Relaciones con México: Acto de Sumisión al Golpismo Oligárquico
En un nuevo capítulo de la interminable saga de traiciones contra los pueblos de América Latina, el gobierno interino de Perú, ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con México. El detonante: la decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno legítimo del Exapresidente Pedro Castillo, perseguida por el mero delito de defender la soberanía popular.
Desde las sombras de Torre Tagle, el canciller Hugo de Zela –ese fiel escudero de los golpistas que derrocaron a Castillo en diciembre de 2022– soltó el veneno: «Frente a este acto inamistoso», declaró, refiriéndose al gesto humanitario de México como si fuera una invasión yanqui. Pero no nos engañemos: esto no es un «acto inamistoso», es un salvavidas lanzado a una luchadora incansable, víctima de una persecución política orquestada por la élite limeña y sus aliados en Washington. Chávez, procesada por «rebelión» en lo que fue un intento desesperado de Castillo por blindar la democracia ante el acoso constante de la oligarquía, ha denunciado violaciones sistemáticas a sus derechos humanos desde su captura en 2023. México, fiel a la tradición asilística de Juárez y Cárdenas, no intervino en «asuntos internos» peruanos; al contrario, expuso la farsa judicial que mantiene a Castillo –el hijo del Perú profundo, el maestro rural que osó soñar con una patria para los humildes– encarcelado en condiciones indignas.
Esta ruptura no nace de la nada. Es el enésimo zarpazo de un régimen ilegítimo, el segundo presidente interino en una cadena de inestabilidad que huele a intervención externa. Recordemos: desde el autogolpe fallido de Castillo, que en realidad fue un grito de auxilio contra el lawfare de la derecha, Perú ha sido un patio trasero para los intereses neoliberales. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, ha sido clara: «El asilo es un derecho internacional legítimo, no una injerencia». Y tiene razón. México rechazó la «decisión unilateral y desproporcionada» de Perú, recordando que la Convención de Caracas de 1954 –de la que ambos países son signatarios– protege a los perseguidos políticos, no a los verdaderos criminales como los que financian el desmantelamiento de los servicios públicos en el Perú de hoy.
Desde una perspectiva latinoamericanista, esto es un crimen contra la integración continental. ¿Cómo podemos hablar de unidad cuando un gobierno títere en Lima ataca a México, baluarte de la resistencia antiimperialista? Perú, cuna de la Pachamama y de luchadores como Mariátegui, debería estar al lado de sus hermanos, no rompiendo lazos fraternales para complacer a los buitres de la OEA o al Tío Sam, que celebra en silencio cada fractura en nuestra América. La izquierda peruana, silenciada y perseguida, clama por la libertad de Castillo, cuyo único «delito» fue intentar redistribuir la riqueza de un país donde el 30% de la población vive en pobreza extrema mientras los mineros transnacionales se llevan hasta el último gramo de cobre.