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Ex-asesor de Trump es condenado por abuso infantil “El Cártel del Agua”: seis líderes del PAN se apropian del recurso en el Bajío
El agua del Bajío se tiñó de azul. No por su pureza, sino por el control político y económico que durante tres décadas ha ejercido el Partido Acción Nacional (PAN) sobre las concesiones hídricas en la región.
Una investigación periodística revela que cuatro exgobernadores, un exdirigente nacional y un expresidente de México —todos panistas— acaparan más de 3.3 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al volumen de la presa Emilio López Zamora en Baja California, suficiente para abastecer a una comunidad de 330 personas durante casi tres siglos.
Entre los beneficiados figuran Vicente Fox Quesada, Miguel Márquez Márquez, Luis Armando Reynoso Femat, Ignacio Loyola Vera, Francisco Ramírez Acuña y Marko Cortés Mendoza, actuales y exlíderes del blanquiazul. En la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya se les conoce como “El Cártel del Agua”.
De acuerdo con documentos oficiales, estas concesiones fueron otorgadas entre 1996 y 2022 en los estados de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes, muchas de ellas durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando la estructura de Conagua fue copada por funcionarios panistas que aún conservan sus plazas.
El investigador Óscar Arredondo Pico resume el fenómeno con una frase contundente: “No es sequía, es saqueo”. Y explica que desde las reformas impulsadas por Carlos Salinas de Gortari en 1992, el agua dejó de ser un bien público y se convirtió en una mercancía sujeta a intereses privados.
Las cifras hablan por sí solas. La familia Fox, por ejemplo, concentra diez concesiones agrícolas en el municipio de San Francisco del Rincón, donde operan sus empresas “Fox Berries” y “El Cerrito”. Solo estos permisos representan 2.1 millones de metros cúbicos de agua, con vigencias que alcanzan hasta 2032.
Por su parte, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, obtuvo dos concesiones en Jalisco para la producción de aguacate, con una vigencia que llega hasta 2047.
Frente a este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un decreto para regular y revisar todas las concesiones de agua, priorizando a pequeños productores agrícolas y ganaderos. De más de 536 mil títulos revisados, 163 mil están vencidos, muchos de ellos en manos de exfuncionarios o empresarios ligados al viejo régimen.
“Durante años, el agua fue botín político. En lugares con mayor escasez hay políticos que tienen hasta lagos y presas. Eso se acabó. El agua volverá a ser un derecho, no una mercancía”, sentenció Sheinbaum.
La mandataria también impulsa una nueva Ley General de Aguas que contempla sanciones de hasta 12 años de cárcel para quien lucre con el recurso. Con ello, busca romper los privilegios del viejo poder que convirtió los mantos acuíferos en negocios particulares.
Mientras la 4T avanza hacia la justicia hídrica, la herencia del PRIAN sigue mostrando su rostro más obsceno: un puñado de políticos que convirtieron el agua —bien común del pueblo— en propiedad privada de su propio clan.