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Ex-asesor de Trump es condenado por abuso infantil La Batalla por el Agua en Colombia: Comunidades Acusan a Coca-Cola de Explotación Insostenible en Medio de la Crisis Hídrica
La Calera, Colombia, 23 de septiembre de 2025 – En un contexto de sequías prolongadas agravadas por el cambio climático y El Niño, el pequeño municipio de La Calera, a 30 kilómetros de Bogotá, se ha convertido en el epicentro de una confrontación emblemática contra el modelo extractivista de las multinacionales. Residentes, ambientalistas y congresistas denuncian que la embotelladora FEMSA –filial de Coca-Cola en Colombia– ha sellado con concreto nacimientos de agua en siete manantiales de la vereda Santa Helena, asegurando su suministro para producir 420 mil botellas diarias de Agua Mineral Manantial, mientras miles de familias enfrentan racionamientos y escasez para consumo humano y agricultura. Esta práctica, prohibida por el Código Nacional de Recursos Naturales, representa solo la punta del iceberg de un historial de abusos ambientales que ha generado multas y protestas globales contra la gigante de las bebidas.
La controversia estalló con una audiencia pública el pasado jueves, organizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), donde más de 250 personas –incluyendo vecinos, organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la congresista María del Mar Pizarro– exigieron bloquear la prórroga de la concesión de agua otorgada a Coca-Cola desde 1983. La licencia, renovada cada diez años, permite extraer 3,23 litros por segundo de acuíferos subterráneos en una reserva forestal, pero ha sido irregular en el pasado: entre 2006 y 2014, la empresa operó sin autorización, según informes de la CAR. En 1994, FEMSA recibió su primera multa por embotellar más agua de la permitida, y en 2010, otro informe vinculó su explotación a la reducción del caudal de los manantiales. Más recientemente, en agosto de 2024, una investigación de Vorágine reveló que la planta extrajo más de 279 mil litros diarios de una quebrada durante la sequía, sin restricciones, lo que llevó a la CAR a iniciar una pesquisa por acaparamiento de agua en tiempos de emergencia. «Como autoridad ambiental, me preocupa más que la gente tenga acceso a agua potable y no podemos privilegiar el uso de un privado por encima de la comunidad», declaró Karen Ballesteros, directora de la CAR, quien programó una inspección para septiembre.
Estas denuncias locales se inscriben en un patrón global de críticas a Coca-Cola por su voraz consumo de agua, que supera los 300 mil millones de litros anuales para producir 1,9 mil millones de porciones diarias. En India, por ejemplo, la planta de Plachimada en Kerala fue cerrada en 2004 tras protestas de comunidades indígenas que acusaron a la empresa de secar pozos y contaminar el agua con cadmio y plomo, afectando cosechas y salud pública; un estudio de la Centre for Science and Environment detectó pesticidas en 57 bebidas de la marca. En México, en Chiapas, la multinacional ha sido señalada por explotar irracionalmente el acuífero más rico de San Cristóbal de las Casas, exacerbando la escasez en regiones marginadas. En El Salvador, sobre 25 años, se le acusa de agotar recursos hídricos comunitarios, mientras en Colombia, una sanción de 198 millones de pesos en 2023 por vertimientos ilegales en el humedal Capellanía dañó ecosistemas locales al modificar sistemas de descarga sin permiso.
El impacto económico es asimétrico: mientras Coca-Cola genera millonarios beneficios –pagando solo 1.300 millones de pesos anuales en regalías por impuestos, según datos revelados en la audiencia–, las comunidades locales sufren. En La Calera, con 28 mil habitantes, el acueducto veredal de Santa Catalina depende de una quebrada superficial que se seca en épocas de sequía, afectando la producción de leche y papa, vital para la economía rural. «Coca-Cola no solo extrae nuestro agua, sino que la convierte en un commodity de lujo, dejando migajas en regalías mientras el cambio climático nos ahoga», denunció Ana Lucía Silva, vecina de Santa Helena, durante la audiencia de seis horas. Organizaciones como Earth Uprising International y el Sinaltrainal –que representa a trabajadores víctimas de paramilitares en plantas colombianas– llaman a un boicot global, argumentando que estas prácticas violan derechos humanos y ambientales.
A pesar de sus reclamos de «neutralidad hídrica» –afirmando devolver el 100% del agua usada desde 2015–, investigaciones independientes como la de The Verge en 2018 revelaron que Coca-Cola exagera sus logros, contando proyectos cuestionables como trincheras en México que no restauran efectivamente acuíferos. En respuesta, la empresa ha financiado actividades ambientales en La Calera, como programas de recolección de lluvia, pero vecinos como Leandro Santiago cuestionan su efectividad: «No interfiere con el túnel de Chingaza, pero el cemento sobre los nacimientos sí afecta nuestra biodiversidad».
Expertos como la bióloga Brigitte Baptiste atribuyen esta «susceptibilidad comunitaria» a la ansiedad por la crisis climática, que ha reducido el 70% del suministro de Bogotá de la represa de Chingaza. Armando Sarmiento, magíster en hidrosistemas de la Universidad Javeriana, advierte contra la desinformación, pero reconoce omisiones regulatorias: «Una cosa es violar términos de concesión; otra, usar argumentos para encubrir el impacto real». Bajo el gobierno progresista de Gustavo Petro, con énfasis en la transición ecológica, la CAR enfrenta presión para denegar la prórroga, alineándose con demandas globales de soberanía sobre el agua como bien común, no mercancía.
Mientras la decisión pende, La Calera simboliza la resistencia contra el extractivismo corporativo. Como resume Pizarro: «El agua es vida, no negocio». En un mundo donde 2,8 mil millones de personas enfrentarán escasez para 2030, casos como este exigen mayor vigilancia para priorizar el derecho humano al agua sobre los intereses privados.