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Ex-asesor de Trump es condenado por abuso infantil Agua: Intereses públicos vs visión neoliberal
Columna: Estación Esperanza
Por: Vladimir Parra
Este viernes 18 de julio, el gobierno de Javier Milei, Presidente de Argentina, inició del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal que provee servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad de Buenos Aires, que abastece a más de 11 millones de personas.
La empresa fue privatizada en 1993 por el ExPresidente Carlos Menem, causante de la peor crisis económica en la historia de Argentina. Su privatización fue criticada por incumplimientos en inversiones ($746 mdd no invertidos), problemas de calidad (como presencia de nitratos y falta de presión) y alzas tarifarias, lo que llevó a su reestatización por Néstor Kirchner en 2006.
Ahora con la llegada de un Gobierno neoliberal, con una visión anarcocapitalista, la privatización de los organismos operadores de agua parece inminente.
Con la privatización de AySA se transferirá el 90% de las acciones en manos del Estado, a capitales privados mediante un esquema mixto que combina: Licitación pública nacional e internacional para seleccionar nuevo operador, una oferta pública inicial y el 10% restante de las acciones, para los empleados de la empresa.
Con ello Javier Milei planea supuestamente “reducir el tamaño del Estado”, del gasto público y el déficit fiscal. Además ha señalado que la privatización permitirá «modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio», argumentando que el Tesoro Nacional le ha aportado $13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023, además de señalar supuestas ineficiencias operativas y un aumento del 90% en la dotación de personal desde su reestatización.
Resulta importante señalar que la vision neoliberal ha buscado privatizar a los Organismos Operadores de Agua bajo la excusa de la ineficiencia, aunque ellos mismos la ocasionan e incentivan al no implementar medidas correctivas, de transparencia y anticorrupción, mientras que el único interés de quienes reciben las concesiones es maximizar su utilidad.
Y es que la experiencia de la privatización de organismos operadores en el mundo demuestra: aumentos de tarifas, exclusión de sectores vulnerables y menor control sobre la calidad del servicio.
Ejemplo de ello, son:
- -Argentina (1993-2002): La privatización de Aguas Argentinas elevó tarifas un 88.2%, afectando especialmente a los más pobres, donde la tarifa representó el 9% de sus ingresos frente al 1.9% para el usuario promedio.
- -Tucumán, Argentina (1993): La concesión a Aguas del Aconquija aumentó tarifas un 106% y añadió un “cargo de infraestructura”, lo que generó desobediencia civil.
- -Cochabamba, Bolivia (2000): La “Guerra del Agua” surgió tras un alza del 35% en tarifas, que representó el 22% del salario mínimo para los más pobres, desencadenando protestas, la renuncia del gabinete y la cancelación del contrato.
- -Aguascalientes, México (1993): La privatización requirió un aumento tarifario del 170%, pero la crisis de 1994 llevó a la empresa al borde del colapso, rescatada por el gobierno.
El análisis de estas privatizaciones revelan que fueron producto de la ideología neoliberal y no el resultado de la búsqueda de una solución efectiva a la crisis del sector.
La privatización de los servicios, no debe satanizarse, pues cada caso es particular, sin embargo, en el caso de los organismos operadores de agua, ha habido una tendencia neoliberal de anteponer los intereses particulares por sobre los públicos.
Hoy la 4T es ejemplo, de que cuando se quiere, se puede eficientar el trabajo de los organismos operadores, de que se les puede sacar de números rojos, de que puede haber inversión gracias al trabajo coordinado con todos los órdenes de Gobierno; de que con campañas informativas se puede promover el pago puntual y la cultura del agua; que al igual que nuestra Gobernadora Indira lo ha hecho, se puede asumir un liderazgo moral en materia hídrica; de que se pueden realizar inversiones históricas pero sobretodo, que es posible anteponer los intereses públicos y el bienestar colectivo a los intereses económicos de unos pocos.
Con el agua como derecho humano y no como mercancía, avanza el bienestar hídrico en Colima y en México.