Harfuch exhibe a jueces que liberan criminales

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó avances contundentes en materia de seguridad, pero también lanzó una fuerte denuncia contra jueces que, mediante resoluciones cuestionables, han favorecido a líderes criminales.
Del 1 de octubre de 2024 al 6 de mayo de 2025, la estrategia nacional de seguridad logró:
• La detención de más de 20 mil personas por delitos de alto impacto,
• El aseguramiento de 153.7 toneladas de drogas y 10 mil 329 armas de fuego,
• La destrucción de 896 laboratorios clandestinos.
En la frontera norte, se reportaron 3 mil 28 detenciones, la incautación de 30 toneladas de drogas y 2 mil 627 armas de fuego. Entre los principales detenidos figuran cabecillas de organizaciones en Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Oaxaca.
Sin embargo, Harfuch alertó sobre 193 decisiones del Poder Judicial que han favorecido a presuntos delincuentes, incluyendo 164 liberaciones por cambio de medida cautelar y 27 traslados a penales de menor seguridad. Estas resoluciones han permitido que más de 100 criminales regresen a las calles, socavando los esfuerzos de las fuerzas de seguridad.
Entre los jueces señalados destacan:
• Gregorio Salazar Hernández, quien liberó a Gerardo Ponce Alanís, presunto líder del Cártel del Pacífico.
• Silvestre Peña Crespo, responsable de autorizar 27 traslados de reclusos ligados a secuestro y corrupción de menores.
• Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, con decenas de resoluciones que cambiaron medidas cautelares.
“Es inaceptable que quienes deben salvaguardar el orden y la justicia, tomen decisiones que favorezcan a los delincuentes. Nuestros elementos arriesgan su vida en cada operativo”, sentenció Harfuch.
En lo que va del gobierno de Sheinbaum, 26 miembros de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Golfo, Jalisco Nueva Generación, Zetas, Familia Michoacana y Los Rojos han sido liberados por decisiones judiciales. La denuncia pública busca evidenciar cómo ciertos sectores del Poder Judicial se convierten en cómplices de la impunidad, debilitando el combate al crimen y protegiendo los privilegios del viejo régimen.
Estas practicas de corrupción dentro del sistema de justicia, pone en evidencia la gran necesidad de la reforma al poder Judicial, donde el pueblo sea quien vote por los nuevos jueces y ministros.