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Por el Dr. Cuauhtémoc Ramírez Zamora
La revocación del mandato es una figura alegórica de la democracia participativa. Es posible que su primer antecedente se remonte al año 133 A.C. en la República Romana, cuando Marco Octavio el tribuno fue revocado luego de que éste imposibilitara una ley del senado; incluso se dice que dicho antecedente inspiró su implementación en Estados Unidos en los años que siguieron a la independencia norteamericana (en la segunda mitad del siglo XVIII).
Para México el día 13 de septiembre del 2018, fue presentada por la Diputada dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario de MORENA, una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la revocación de mandato. Ahí, se manifiesta entre otras cosas, que en la democracia moderna, deben existir mecanismos de consulta, en los cuales, la ciudadanía decida, si los mandatarios deben o no continuar en el ejercicio del encargo que se les confiere.
En esa iniciativa se planteó reformar el artículo 36 de la Constitución Federal para incorporar como una obligación adicional la de votar en los métodos de revocación de mandato; así como el artículo 41 para entregar al Instituto Nacional Electoral la organización de estos procesos. Algunos medios alegoran que ese gasto podría implementarse en la compra de medicinas u otros proyectos estratégicos necesarios para el país, sin embargo revisando el artículo 31 párrafos 2 y 3 de la LGIPE el INE desde 2019 cuenta con una partida presupuestaria anual destinada a este ejercicio.
De cualquier forma, la revocación del mandato se erige como un freno democrático sobre la autoridad elegida popularmente, siendo oportuno que el pueblo de manera directa pueda suprimir al mandatario que no cumpla su función, con el propósito de dotar de mayor eficiencia a la administración pública de ese momento y darle revés a un proyecto que no cumpla con las necesidades de la mayoría de la población.
Algunos problemas sociales tan arraigados en México, como son la corrupción, la impunidad, la inseguridad, el escaso desarrollo económico, la falta de empleos, las carencias en los servicios educativos y de salud, han traído como consecuencia que la ciudadanía sienta poca representatividad por parte de sus gobernantes, dando como resultado un ambiente de aversión a los temas políticos, es por ello inminente el adoptar nuevos esquemas democráticos, que contribuyan a enfrentar los problemas que hasta el momento los proyectos democráticos tradicionales no han podido avasallar.
Basado en este panorama un ejercicio de este tipo para nuestro país parece ser una opción viable para reivindicar una mayor participación ciudadana, ejemplos de países como Bélgica donde existe una concientización en el acontecer político de país se ha visto traducido en una reducción de la corrupción al frente de los gobiernos actuales gracias a una población más vigilante.