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Tras meses de periodicazos reprochándole a Ciapacov que hace un año se había dejado de pagar, “de manera injustificada”, los costos fijos de inversión y los costos fijos de operación del servicio de saneamiento, se presentó una propuesta para reestructurar el convenio con la empresa encargada de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Colima.
Como más vale un mal arreglo que un buen pleito, la empresa que presta el servicio está de acuerdo con la propuesta en la medida que pondría fin a un litigio durante el cual no han recibido pagos, porque el organismo operador los ha estado guardando.
La propuesta recibió el mismo lunes 14 de octubre que fue anunciada, el aval unánime del Consejo de Administración de la Ciapacov. Pero aún debe ser aprobada por el Congreso del Estado. Habiendo mayoría oficialista, ese paso se ve como un trámite. Sin embargo, se esperaba que eso ocurriera en el transcurso de la semana y los diputados decidieron postergarlo.
En abril pasado, el adeudo por saneamiento superaba los 86 millones de pesos. Por eso, en los ‘Diálogos por la Transformación’[1] la gobernadora Indira Vizcaíno y el director general de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Vladimir Parra, señalaron que la reestructuración permitirá ahorrar al erario más de 1,575 millones de pesos “en un lapso de 17 años”. Sólo en 2025, se pagarían hasta 32.4 mdp menos.
Tal como estaba, el convenio de servicios acabaría llevando al organismo operador a la quiebra y a la inoperancia, como sucedió en Querétaro y Aguascalientes donde se vieron obligados a privatizar los servicios de agua, escribió Parra[2]. Y quizá ese fue el propósito original.
En Dios confiando y con el mazo dando, la mandataria estatal explicó que, además de los procesos judiciales para frenar las afectaciones de un contrato cuyas condiciones son lesivas para los intereses del pueblo de Colima, se estuvo dialogando con los representantes de la empresa para llegar a una negociación favorable a las arcas públicas.
Y, en ese sentido, el mensaje que recibieron los empresarios es el que publicó La Jornada como un hecho: no les están preguntando si aceptan, les están retirando la concesión[3] (y el esquema financiero quizá no sea otra cosa que el procedimiento para liquidar el saldo).
MÁS CARO EL CALDO…
Cuando se emprendió el diseño de la PTAR, los municipios conurbados estaban bajo amenaza de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de ser multados por cada año que siguieran devolviendo aguas grises y aguas negras sin tratar a los caudales que atraviesan la zona metropolitana.
Hoy la planta atiende a una población de 328 mil 471 habitantes de Colima, Villa de Álvarez y Comala, con una capacidad instalada de 1,274 litros por segundo. En teoría, la PTA puede sanear toda la carga de aguas residuales que van por los drenajes. Sin embargo, el aforo de la planta será rebasado en 2029 o 2030.
Los ahorros que suponen este plan de reestructuración le permitirán al erario anticipar la solución de ese problema, invirtiendo en las obras hídricas necesarias para salir de un rezago histórico: a la obsolescencia de las tuberías de agua y drenaje, se suma la urgencia de contar con desagües para las corrientes pluviales.
Cabe decir que, con redes del drenaje pluvial y el drenaje sanitario interconectadas en muchos domicilios y hasta en algunas líneas del alcantarillado, haría falta un estudio para esclarecer si eventualmente será necesario desarenar también las aguas con sedimentos que corren por los colectores o por el arroyo de las calles hacia los ríos, azolvando los cauces tras deslavar los suelos.
Como sea, habría que aumentar la capacidad de saneamiento en función a los volúmenes que estamos devolviendo a los cuerpos de agua. Pero con el adeudo que heredó este gobierno, no iba a haber recurso público suficiente.
BARRIL SIN FONDO
Indira recordó que la vigencia del contrato para la PTAR comenzó en la administración de Silverio Cavazos, y concluiría en 2026. Empero, Mario Anguiano “de manera irresponsable” amplió su vigencia hasta 2041. Ignacio Peralta, como con otros egresos programados, incumplió con los pagos mensuales y de ahí vinieron afectaciones a las participaciones federales.
En el gobierno de Vizcaíno se empezaron a dar los abonos puntualmente. Si bien, desde que empezó el juicio el organismo operador ha estado ahorrando lo que mes a mes corresponde pagar, y está en las cuentas bancarias de Ciapacov disponible para cumplir los compromisos.
Vladimir detalló el histórico:
En 2006, siendo gobernador Silverio Cavazos, la Ciapacov firmó un contrato de prestación de servicios (CPS) con Tecnología Intercontinental, S. A. (TICSA) para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, y con Ecosistemas de Colima S. A. de C. V. (ECSA) para su operación.
Originalmente, el contrato tenía una vigencia de 20 años, uno para su construcción y 19 para su operación. Curiosamente, el esquema de asignación fue a través un procedimiento de invitación restringida, por lo que el 21 de noviembre de 2005 se incurrió en la violación de los artículos 28 y 115 de la Constitución Federal. Por ser servicios públicos, debió concesionarse conforme a la Ley.
En 2012, siendo mandatario Mario Anguiano, con la aprobación del Congreso del Estado se suscribió el convenio modificatorio al CPS para reestructurar el pago de la deuda; se aumentó la capacidad instalada de la Planta de 800 a 1200 L/S y –el diablo está en los detalles– se amplió la vigencia del contrato de 2026 a 2041, obligando al organismo operador a asumir un esquema de pagos con tendencia creciente que, financieramente, resulta hoy insostenible para Ciapacov.
En 2017, con Ignacio Peralta, sin tocarse los contratos ni abrir un diálogo sobre la operación de la planta, Ciapacov dejó de pagar los abonos y, en consecuencia, comenzaron a afectarse las participaciones federales destinadas al Gobierno del Estado, recortando así el presupuesto para inversión pública y social.
Es hasta 2023 cuando el gobierno de Indira Vizcaíno Silva logró un acuerdo en el seno del Consejo de Administración de Ciapacov, el cual corresponde a la Tarifa 1 (T1) relacionada con el financiamiento, que es donde se ha dado la mayor afectación económica al organismo. De no hacerse la reestructura, en 17 años se pagarían 2 mil 289 millones de pesos mientras que, con este acuerdo, se estarán pagando sólo 714 mdp.
EL QUE ABONA…
Resume Vladimir Parra que “hicimos un esfuerzo recaudatorio, comunicacional, de atención a nuestros usuarios, con el fin de garantizar el pago puntual a la PTAR, el cual cada año se incrementaba y asfixiaba a nuestro organismo”.
A pesar de ser “la administración que más había pagado y con mayor puntualidad”, la PTAR “decidió retirar los descuentos que siempre había ofrecido a Ciapacov” y, de manera unilateral, buscó que la Comisión cubriera 223 meses de pagos pendientes en sólo 42. Peor, imposible.
“Fue así que Ciapacov, con el apoyo de Gobierno del Estado, emprendió una batalla jurídica con el fin de defender los intereses de la gente, pero manteniendo un diálogo abierto para la renegociación con la empresa involucrada lo que permitiría garantizar: una reducción en el plazo del crédito, de 2041 a 2034; una disminución en el costo del financiamiento, de 2 mil 289 a 714 millones de pesos (un ahorro mensual de 2.7 millones de pesos a partir de 2025); la calidad y permanencia del servicio de saneamiento con condiciones más justas y transparentes.”
Esta batalla legal implicó un juicio por la nulidad del contrato ante el Tribunal de Justicia Administrativa; librar los escollos que supuso que el TJA considerara extemporánea la demanda; una denuncia ante Fiscalía Anticorrupción en contra del gerente de la Planta, Enrique Diego Eguiarte Sánchez, por no brindar datos e informes relacionados con la obra, incurriendo de este modo en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y, en otro momento, por falsedad ante autoridad no judicial; y la demanda de la empresa a Ciapacov por su negativa a pagar las tarifas 1, 2 y 3.
La suspensión de pagos se lo buscó la empresa concesionaria, al incrementar la T1 y exigir cubrir 223 mensualidades pendientes en un plazo de 42 meses. La uno es la tarifa que se paga por costos fijos de inversión. Corresponde al pago de la inversión realizada más la amortización del capital de riesgo. Y representa el 68% de las tres tarifas que se pagan.
La T2 corresponde a los costos fijos de operación de la Planta de Tratamiento, y representa el 19% de las tres tarifas. Mientras que la T3 tiene un costo variable, pues corresponde al volumen de agua tratada más la utilidad de la empresa; este pago representa el 13% de las tres tarifas.
SERVICIO PÚBLICO
Por la fuerza de la razón o por la fuerza jurídica, podemos pensar en la reestructura financiera y la renegociación en los términos del convenio como un hecho. Aunque eso implique para la empresa, en la que sabemos hay inversión extranjera, perder una mina de oro.
Anticipándose a una campaña mediática que cuestione al gobierno de Indira por retomar la participación pública en el negocio del saneamiento de aguas, en la semana se desplegó una estrategia informativa para destacar los beneficios de la reestructuración, la cual tuvo que competir por la atención del público con los cambios de titulares en los ayuntamientos y las pugnas al interior de los cabildos por los nombramientos de funcionarios municipales.
Además del respaldo de los diputados de Morena y la dirigencia del partido a los razonamientos expuestos por la gobernadora en su rueda de prensa y por Vladimir Parra en sus espacios de opinión, la iniciativa concitó una felicitación del Sindicato Único de Trabajadores de la CIAPACOV en voz de su secretario general, Eduardo Bibiano Méndez.
Lo que destaca el comunicado del Sindicato[4], además del alivio financiero, es que la restructuración del convenio de prestación de servicios dará por concluida la controversia jurídica entablada con la PTAR.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com